Montero abre otro frente al Gobierno con los jueces por denostar la absolución de Alves

En el PSOE asumen que su número dos se pasó de frenada con un pronunciamiento en formato mitin, durante el Congreso provincial de la formación en Jaén, y que su posición institucional habría requerido otro tono, pero alegan que «se dejó llevar por la impotencia». Ella misma trató de justificarse este lunes, después de haber suavizado sus impresiones en otro mitin –este en Málaga– el domingo. «Lo que quise decir y mantengo es que la presunción de inocencia no debe impedir que podamos expresar nuestro rechazo a que de manera sistemática se cuestione a las mujeres que son víctimas de agresiones y del machismo», escribió en X. Pero no solo evitó rectificar, sino que cargó contra el primer partido de la oposición. «No voy a aceptar ni lecciones ni tergiversaciones del PP», dijo.

Que los socialistas no están cómodos con la crisis abierta por las palabras de la vicepresidenta se evidenció en los equilibrios realizados este lunes por otras dirigentes del partido en sus declaraciones. La secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, dejó clara su inquietud ante el mensaje que, a su juicio, emite a las víctimas el cuestionado fallo –obra de dos juezas progresistas y otros dos especializados en violencia de género–, pero también expresó su «respeto» por las decisiones judiciales. Y algo parecido hizo la portavoz de la ejecutiva, Esther Peña, quien mostró su extrañeza porque se cuestione la fiabilidad del testimonio de la denunciante cuando fue el futbolista quien cambió su versión en cinco ocasiones durante el juicio, mientras ella mantuvo siempre el mismo relato.

En su manifiesto, los siete colectivos con representación en las    carreras judicial y fiscal –Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales– recuerdan que «la presunción de inocencia es un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales suscritos por España».

Fiscales y jueces replicaron a la vicepresidenta que este principio legal universal es el que «garantiza que ninguna persona sea considerada culpable hasta que se demuestre su responsabilidad penal mediante pruebas suficientes y obtenidas conforme a Derecho» y que cuestionarlo «puede poner en riesgo las garantías procesales y la equidad en los juicios».

Las asociaciones también recordaron a Montero que las resoluciones judiciales se adoptan tras un «análisis exhaustivo de las pruebas presentadas y conforme a la legislación vigente», e hicieron un llamamiento a las «instituciones y representantes públicos» para que «respeten y respalden la labor de los jueces y magistrados», evitando comentarios que «puedan socavar la confianza en nuestro sistema judicial». «Las críticas a resoluciones judiciales son legítimas, pero han de ser fundadas y contextualizadas», añaden.

Junto a ello, y sabedores de que la conciencia social está a flor de piel con las agresiones sexuales, los firmantes hacen un reconocimiento a «la importancia de proteger y apoyar a las víctimas de delitos, especialmente en casos de violencia de género y agresiones sexuales». «Es fundamental –remarcan– que las víctimas se sientan respaldadas y que sus testimonios sean valorados con la seriedad y sensibilidad que merecen».

Alberto Núñez Feijóo no tardó en reaccionar en X: «Vergüenza es que las asociaciones de jueces le tengan que recordar todo esto a una vicepresidenta. No está en condiciones de ser la número dos de ningún Gobierno europeo», escribió. Vox, por su parte, calificó de «salvajada» las palabras de la vicepresidenta. En la izquierda encontró algo más de comprensión. «No nos podemos quedar mirando el dedo – advirtió el dirigente de IU Rafael Sánchez Rufo –. El debate fundamental es si en las judicaturas y en las leyes hay protección suficiente a las víctimas de agresión sexual y a las mujeres».