El ministro de Justicia recuerda que no había alternativa al estado de alarma

Campo ha apuntado que se debe adecuar el ordenamiento jurídico a la situación creada por la pandemia, por lo que ha abierto la puerta a una reforma de la normativa que, sin ser el estado de alarma, ahora resulta insuficiente para confinar a un importante núcleo de población.

El ministro hizo estas consideraciones durante su intervención en los desayunos de Europa Press, donde se ha referido a la necesidad de «romper el apasionamiento y analizar» esta cuestión teniendo en cuenta que cuando se decretó el estado de alarma por el Gobierno había que hacerlo bien y con responsabilidad, y por ello no se utilizó un periodo de alarma más amplio y se acudió en tantas ocasiones al Congreso a obtener el aval del legislativo.

Campo ha eludido pronunciarse sobre si el siguiente paso será aprobar un estado de alarma parcial en el que caso de que así lo solicite el president de la Generalitat, Quim Torra, alegando que este tipo de decisiones requieren reflexión por parte de distintos órganos de Gobierno con la «maduración y el sosiego necesarios».

Según el ministro, la ciudadanía es consciente del riesgo que está padeciendo y es importante el sentido de responsabilidad de los ciudadanos. En este sentido, ha reconocido «que para los seres sociales como somos nosotros el confinamiento es difícil», y en este sentido ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos de Lleida, quienes tras la decisión de la juez no han sido confinados, puesto que sus actuaciones pueden provocar daño en otros.

Preguntado sobre la necesidad de crear una herramienta intermedia para restricciones de derechos puntuales, el titular de Justicia ha afirmado que la de legislar es una opción que se está estudiando, puesto que la norma que rige el estado de alarma es del año 1981. Uno de los elementos claves del nuevo desarrollo normativo será, en todo caso, no tener que llegar al estado de alarma y articular nuevos instrumentos jurídicos para ello, como es la ley orgánica de medidas especiales en materia de salud pública de 1986.

En la misma línea, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado hoy que es ahora cuando se está «viendo exactamente cual era el poder legal» del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, que habilitaban al Gobierno a controlar la movilidad en el territorio y a confinar territorios.

Ábalos ha dicho que el Gobierno no se va a quedar al «margen de su responsabilidad» ante la situación sanitaria en Lleida, pero ha descartado «anticipar» la declaración de un nuevo estado de alarma, ya que, actualmente, son las propias comunidades las que se encargan de la gestión frente a los brotes de coronavirus.