España reabrirá las fronteras con la UE el 21 de junio y con Portugal el 1 de julio

Esta será la última de todas, ya que la próxima se celebrará en julio de forma presencial, como modo de escenificar la llegada de la llamada nueva normalidad a la política.

El Gobierno, azuzado por la Comisión Europea, rectifica así y adelanta una medida inicialmente prevista para el 1 de julio pero que pone sobre la mesa la carta del turismo, el músculo económico del país, para iniciar la partida de una recuperación sobre la que planean la sombra de los recortes y de los eventuales rebrotes. De nuevo, el equilibrio entre la salud y el PIB como el gran dilema de esta crisis sanitaria. Aunque Sánchez no restó gravedad a la situación y aseguro que «la amenaza de la pandemia no ha terminado», sí calificó de «éxito» la desescalada. «Los datos son mejores de los que yo me esperaba», llegó a reconocer.

En cuanto a la llegada de viajeros de terceros países, los que no tengan como origen la zona Schengen, se elaborará una «lista de países seguros» cuando estos cumplan tres requisitos: el estado de la epidemia en su territorio, reciprocidad y controles sanitarios. Esto se pondrá en marcha a partir del 1 de julio.

Pero la entrada de turistas en el país reabre el debate de los casos importados. El Gobierno se muestra convencido de que se producirán nuevos brotes de la enfermedad y al mismo tiempo confía en el sistema sanitario para detectarlos precozmente. Pero el anuncio tuvo una buena acogida entre los presidentes autonómicos, que lo calificaron de positivo para transitar hacia la normalidad y no cronificar el problema, como dijo el castellano-manchego Emiliano García Page, aunque sigue generando dudas.

La principal de ellas es establecer un plan para hacer frente a los rebrotes que no pase por volver a reactivar el estado de alarma. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, propuso a Sánchez crear planes nacionales para esos eventuales nuevos contagios, y otro específico en el aeropuerto de Barajas. Su homólogo gallego, Alberto Núñez Feijóo, apuntó en ese sentido a la necesidad de ampliar la legislación sanitaria para que el Ejecutivo central pudiera limitar movimientos.

La otra, el reparto del fondo de 16.000 millones a las comunidades autónomas. El lehendakari, Iñigo Ukullu, pidió «claridad» en materia de disposición de recursos. Mientras el presidente catalán, Quim Torra, reclamó los 15.000 millones que, según el Govern, Cataluña necesita «para no verse asfixiada».

Aunque esta última reunión telemática se desarrolló en un ambiente más cordial del habitual –Feijoó llegó a agradecer al Gobierno «la colaboración que ha habido en la mayoría de los momentos»–, pesaba en el ambiente el cruce de acusaciones entre la Comunidad de Madrid y el Ejecutivo por las más de 6.000 muertes de personas mayores en las residencias de la región.

Sánchez volvió a insistir en que «es imposible mostrar un mayor compromiso con estos centros del que ha mostrado este Gobierno» y recordó que las competencias las ostentaban las comunidades. Unas palabras en respuesta a las acusaciones de Díaz Ayuso que, en una entrevista con ABC publicada ayer, reconoció desconocer los protocolos para derivar a los pacientes de las residencias a los hospitales y acusó al vicepresidente Pablo Iglesias de que «nunca llamó para ayudar».