De Koldo a Ábalos con paradas en Aldama y García Ortiz

Los juzgados se convirtieron en 2024 en un dolor de cabeza para el Gobierno y pese a la insistencia de la versión oficial de que, por un lado, las denuncias de corrupción son falsas o se circunscriben a personas ajenas al Ejecutivo; y, por otro, que la imputación del fiscal general del Estado es una perversión judicial azuzada por la oposición, lo cierto es que estos casos coparon los titulares durante buena parte del año. El caso Koldo pasó a ser el caso Ábalos y terminó entremezclado con el caso Aldama. Además, por primera vez en la historia de la Justicia española, el Tribunal Supremo ha imputado un delito a un fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El exministro de Transportes José Luis Ábalos está siendo investigado por presunta corrupción en el caso Koldo, acusado de recibir comisiones ilegales por adjudicaciones irregulares, sobre todo en la compra de mascarillas durante la pandemia, facilitadas por su antiguo asistente personal Koldo García. Ábalos niega todas las acusaciones, que tacha de falsas.

En el entramado hizo su aparición Víctor de Aldama, un empresario acusado de haber facilitado comisiones ilegales a Ábalos a través del propio Koldo. Según las investigaciones, Aldama habría realizado pagos en efectivo y otras contraprestaciones para mantener acceso a Ábalos. Además, se le vincula con la compra de un chalé para el exministro y el pago de una vivienda para su pareja.

Por otro lado, García Ortiz está siendo investigado por un presunto delito de revelación de secretos, en una acusación que se centra en la filtración de correos electrónicos relacionados con una investigación por fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía publicó una nota de prensa con datos personales, lo que llevó a la apertura de la causa y a varios registros en la sede de la Fiscalía General del Estado.