La Justicia, asaltada por los políticos

Cansado de ese obstruccionismo permanente, el entonces presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, presentó su dimisión el 9 de octubre para tratar de forzar un pacto entre los dos partidos que suman la mayoría parlamentaria de tres quintos requerida para renovar el órgano de gobierno de los jueces y poner así fin a esos cuatro años de mandato prorrogado.

Su dimisión propició un encuentro entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa, y cuando parecía posible el acuerdo, la decisión del Gobierno de eliminar del Código Penal el delito de sedición hizo que el PP se plantara, rompiera los contactos y volviera a bloquear la renovación.

Ante esta enésima resistencia de los populares, el Gobierno trató a última hora de forzar la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional (en el que un tercio de los magistrados estaban también con el mandato caducado) mediante cambios legales, vía enmiendas, colados de rondón en la reforma parlamentaria exprés del Código Penal, cambios que modificarían las leyes orgánicas que regulan tanto al Consejo como al TC.

Ese atajo legislativo por el que optó Pedro Sánchez –fórmula censurada en múltiples ocasiones por el propio tribunal de garantías– pretendía rebajar de tres quintos a mayoría absoluta la mayoría necesaria para que el CGPJ pudiera elegir a sus dos magistrados para el Constitucional (de los cuatro caducados), lo que haría innecesario el consenso entre los bloques conservador y progresista del Consejo. Además, eliminaba el requisito de verificación por parte del propio TC de la idoneidad de los candidatos, con lo que tanto los nombramientos realizados por el CGPJ como los propuestos por el Gobierno serían automáticos.

Cuando se iban a tramitar en el Senado esas reformas legislativas, después de haber sido aprobadas en el Congreso, un completamente dividido TC, en una decisión sin precedentes, admitió las reclamación del PP y por primera vez vetó cautelarmente la tramitación parlamentaria de las enmiendas, provocando un escenario parlamentario y judicial inaudito desde la llegada de la democracia.

A punto de concluir el año, el CGPJ consiguió por fin consensuar, y por unanimidad, la dupla de magistrados para el Constitucional (el conservador César Tolosa y la progresista María Luisa Segoviano) que le competía nombrar, lo que, junto a los designados por el Gobierno (el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exasesora de Presidencia Laura Díez, ambos progresistas) supone la reorientación del tribunal hacia la izquierda como perseguía Pedro Sánchez y, paradójicamente, la neutralización al menos temporal del controvertido golpe de mano legislativo lanzado por él mismo.