El acuerdo entre Junts y PSOE para lograr la investidura de Pedro Sánchez incluye medidas financieras y fiscales que romperán la igualdad entre las comunidades autónomas existente ahora (con excepción del concierto vasco) de llevarse a cabo. En concreto, Junts reclama una soberanía fiscal a ... semejanza de la que existe en el País Vasco, con la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña. Eso significaría que recaudarían la totalidad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (IRPF), cuando en la actualidad está cedido el 50%, o tendrían el 100% de la recaudación por IVA en esa autonomía cuando ahora reciben el 50%.
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Esta es la reclamación de Junts, que quiere modificar la LOFCA para establecer una «cláusula de excepción de Cataluña que reconozca su singularidad», pero el compromiso del PSOE es más comedido, aunque sí acepta abordar «un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya».
Durante la transición, el Gobierno estatal ofreció tanto al País Vasco como a Cataluña un concierto fiscal, pero mientras el primero asumió la gestión y soberanía fiscal, Jordi Pujol lo rechazó para Cataluña por el riesgo que podía suponer de infrafinanciación.
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En la actualidad, en España existen dos sistemas muy diferentes de financiación regional. El sistema foral o de concierto se aplica sólo en el País Vasco y en Navarra, mientras que en el resto del país rige el sistema ordinario o de régimen común. El Estado mantiene el control directo sobre buena parte de los rendimientos tributarios generados en territorio común y utiliza estos recursos para financiar sus propias competencias y para complementar los ingresos de las comunidades autónomas no forales de menor renta. En las comunidades forales son las haciendas territoriales las que recaudan la práctica totalidad de los tributos (excluyendo las cotizaciones sociales) y después transfieren a la Hacienda central una cuota que en principio debería cubrir la parte que les corresponde pagar a dichas comunidades de los gastos comunes del Estado, incluyendo la nivelación interterritorial, explica Ángel de la Fuente, director de Fedea.
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La revisión del sistema de financiación autonómica lleva esperando desde 2014 y ni el Gobierno de Mariano Rajoy ni el de Pedro Sánchez han querido abrir el melón.
En lo que sí hay coincidencia es en abordar «un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años». A raíz del procés y del referéndum de independencia de 2017 miles de empresas cambiaron su sede social y se fueron de Cataluña. Algunas tan relevantes como la Caixa o Banco Sabadell, que trasladaron su sede social a Valencia y Alicante, respectivamente. Jaume Guardiola, entonces consejero del Banco Sabadell y ahora presidente del Cercle d' Economía, reconoció que hubo una fuga de dinero en las cuentas bancarias en Cataluña que les motivó a irse de la comunidad. También trasladaron su sede social Naturgy Energy Group, Gas Natural, Abertis, Endesa, Vida Caixa, entre otras.
Hasta el momento, cada vez que se ha preguntado a los bancos y otras compañías si volverían a llevar la sede social a Cataluña han descartado el traslado o han dado la callada por respuesta.
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