«No éramos conscientes del poder letal de las pelotas de goma», reconocen los ertzainas

El acusado, actualmente jubilado y que estuvo al frente de una de las furgonetas policiales que acudió al lugar de los hechos, ha asegurado que la mayoría de los agentes tenían muy poca experiencia en ese tipo de operativos, no habían probado esas armas antes de esa noche y desconocían las instrucción para su uso, como las distancias mínimas de seguridad o las zonas del cuerpo hacía las que no debían apuntar.

El ertzaina ha declarado que desde la furgoneta que él dirigía nadie realizó disparo alguno y que cuando entraron al callejón donde cayó abatido Iñigo Cabacas «aquello era un cacao» y el joven ya estaba herido. «Yo no era partidario de entrar cargando en ese callejón», ha añadido.

Según este mando de la Ertzaintza, los únicos agentes con adiestramiento que hacían prácticas con esas armas eran los de la Brigada Móvil y de refuerzo, y «en esa época, con otro consejero y otro Gobierno, la Unidad de Seguridad Ciudadana era un cajón de sastre».

Los padres de Iñigo Cabacas han llegado a la Audiencia de Bizkaia sobre las ocho de la mañana entre aplausos de medio centenar de personas congregadas a las puertas del juzgado tras una pancarta con el lema 'Justicia para Íñigo'. Precisamente, su padre ha reclamado que se haga justicia y que el juicio «no sea un paripé». En ese sentido, ha reprochado que hasta el momento la Fiscalía haya actuado «más como abogado de la defensa», aunque se ha mostrado satisfecho porque el caso haya llegado a juicio, «porque nadie daba un duro por ello».

Por su parte, la abogada de la acusación particular, Jone Goirizelaia, ha expresado a su llegada al Palacio de Justicia su esperanza en que se depuren responsabilidades penales con una sentencia condenatoria para los seis acusados, para tumbar el «manto de impunidad» sobre el 'caso Cabacas'. El juicio se prolongará hasta el próximo 9 de noviembre, por el que pasarán un centenar de testigos y que, desde una perspectiva más general, ha marcado un antes y un después en la Ertzaintza, sobre todo en sus actuaciones antidisturbios.

De lo que se trata en el juicio es de responder a una pregunta clave: ¿Quién efectuó el disparo que mató al joven aficionado del Athletic? Es la misma interrogante que lleva atormentando a los padres del joven basauritarra desde el 5 de abril de 2012, cuando varias furgonetas de la Policía vasca acudieron hasta el callejón de María Díaz de Haro por unos incidentes que se estaban produciendo en las inmediaciones.

Todas las partes asumen, en todo caso, que no se tratará de algo sencillo de aclarar. Tras más de cinco años de instrucción judicial, la magistrada Ana Torres apuntó que, a pesar de los «esfuerzos desplegados», había sido «imposible determinar la autoría» del disparo mortal y archivó las actuaciones sobre los únicos tres ertzainas que habían sido imputados después de reconocer que apretaron el gatillo de sus escopetas 'Benelli'.

En su escrito, la jueza apuntó que era «bastante probable» que otros funcionarios también lanzasen pelotas de goma aquel día y que, por tanto, es bastante probable que el autor del «fatal impacto» fuera otra persona distinta a los encausados. A pesar de reconocer la incapacidad para probar este extremo, la magistrada decidió llevar a juicio a los tres mandos intermedios que estaban al frente de otras tantas furgonetas policiales y dieron la orden de disparar pelotas de goma en el callejón de María Díaz de Haro incumpliendo los «principios básicos de proporcionalidad, prudencia, necesidad y seguridad».

La Audiencia Provincial, sin embargo, dio un giro al proceso y decidió que también se debía juzgar a los tres ertzainas que lanzaron las pelotas de goma. Lo hizo al considerar del «todo aventurado y precipitado» el archivo de las actuaciones en este momento procesal. A su juicio, existen «indicios racionales» de su participación en los hechos. Básicamente, porque apretaron el gatillo de sus escopetas en una zona y lapso temporal compatibles con la zona en la que se encontraba Cabacas cuando recibió el impacto del proyectil. Y la valoración de la prueba, en este sentido, deberá realizarse en la vista oral.

En este contexto, la acusación particular, que representa a la familia del joven basauritarra, pide 4 años de cárcel para cada uno de los procesados. La propia abogada Jone Goirizelaia ha reconocido esta semana, en declaraciones a Euskadi Irratia, que será «muy difícil» de determinar quién disparó la 'bala de goma'. «Echaremos en falta muchas cosas, aunque hemos puesto todo lo que estaba en nuestra mano para llegar al juicio, y esperamos que con las pruebas se sepa de verdad qué ocurrió. Y, en base a eso, depurar responsabilidades e imponer condenas», dijo la letrada, que también pide la inhabilitación especial de los agentes para el ejercicio de su profesión y que no puedan acercarse a los padres de la víctima, Manu Cabacas y Fina Liceranzu, durante el tiempo de condena.

Frente a esta postura, la Fiscalía pide la libre absolución de los procesados, lo que le ha ocasionado duras críticas de la acusación particular. El Ministerio Público solicitó el archivo de la causa por, entre otras razones, el descontrol que existía sobre el uso del material antidisturbios en las comisarías y porque, además de los agentes imputados, se sabe que otros ertzainas apretaron el gatillo, por mucho que lo negaran en sede judicial.

Respecto a las acusaciones que pesan sobre los mandos intermedios, la Fiscalía también discrepa con la jueza instructora y mantiene que, aunque es cierto que algunas cargas no se hicieron cumpliendo los protocolos previstos, es posible que algunos disparos pudieron «ajustarse a los principios de proporcionalidad y legalidad», necesarios «para cortar los graves incidentes que se estaban produciendo». El Ministerio Público rechaza, en definitiva, las responsabilidades penales en este caso, pero contempla una reclamación «patrimonial» por el funcionamiento «anormal» de un servicio público como es el de seguridad.

La carga con pelotas de goma en la que resultó herido de muerte Iñigo Cabacas supuso también un auténtico vuelco en los protocolos y en las actuaciones de la Ertzaintza. Una de las primeras medidas que se tomó fue prohibir la utilización de material antidisturbios a los agentes de Seguridad Ciudadana. De esa manera, a partir de entonces las escopetas 'Benelli' quedaron reservadas para los agentes de Brigada Móvil, la unidad especializada en control de masas y grandes eventos. Además, gran parte de estas escopetas con pelotas de goma fueron sustituidas por otras armas menos lesivas que lanzan cartuchos de caucho. Proyectiles, además, que ahora están identificados en sus bolsas para saber cuándo se utilizan.

Otra de las medidas significativas que se implementó fue la identificación externa de los agentes con la incorporación de un código en los uniformes. El distintivo está compuesto por dos números, dos letras y un símbolo que representa la categoría profesional del ertzaina. De lo que se trata es de que se pueda reconocer con facilidad a los policías en el caso de que un ciudadano quiera poner una reclamación o en el transcurso de una investigación judicial.

Desde una perspectiva más general, la Ertzaintza también ha sustituido en numerosas ocasiones las cargas con escopetas por actuaciones que se desarrollan más «cuerpo a cuerpo». En este sentido, desde los sindicatos también se ha acusado al Departamento de Seguridad de «inacción» y de poner en «riesgo la seguridad» de los agentes por las decisiones de «no intervenir» en determinados altercados.