El juez rechaza citar a la asesora de Moncloa que filtró a Lobato el correo del novio de Ayuso

Esta diligencia la habían reclamado tras el interrogatorio a Lobato dos de las acusaciones populares personadas en la causa. Se trata del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), que defiende los intereses del abogado de Alberto González Amador, a quien considera una víctima de la filtración de su pacto extrajudicial con el fiscal del caso, y el pseudosindicato Manos Limpias.

La decisión del juez Hurtado, instructor de la causa contra el fiscal general del Estado y la fiscal jefe provincial de Madrid por un presunto delito de revelación de secretos, se justifica en que primero es necesario conocer el resultado del volcado teléfono móvil de Lobato, que entregó de forma voluntaria tras su declaración el pasado viernes como testigo, antes de llamar a Sánchez Acera.

Para el magistrado, no se considera procedente «por el momento, acceder a tal petición, ya que al estar pendiente de realización la práctica de la diligencia consistente en el informe pericial sobre el dispositivo móvil intervenido al testigo parece más prudente esperar al resultado de dicha pericia, para, en función del mismo, acordar lo que corresponda».

Hurtado ralentiza así la decisión de citar a Sánchez Acera como investigada a la espera del informe de la UCO de la Guardia Civil, la unidad policial investigadora de la causa. Sí tiene en sus manos ya el acta notarial registrada por Lobato con los mensajes que se remitieron ambos interlocutores la mañana del 14 de marzo pasado, en la que se determina que fue la entonces asesora de Moncloa quien envío el correo de la defensa de González Amador reconociendo el fraude fiscal en busca de un acuerdo con el fiscal del caso, Julián Salto.

El argumento de Lobato y, probablemente, el de Sánchez Acera se centra en defender que conocieron este documento confidencial cuando ya estaba publicado parcialmente por la prensa o en poder de algunos medios de comunicación en su integridad, como fue el caso de ElPlural.com, que se hizo eco del mismo 37 minutos después de que la mano derecha de ministro López se lo reenviara al dimitido secretario general del PSOE madrileño con un único objetivo: usarlo para atacar a Díaz Ayuso en el Pleno de la Asamblea de Madrid previsto para ese mismo día.

Quién se lo remitió a Sánchez Acera es otro de los interrogantes por resolver. Para ello, el juez acordó este miércoles citar como testigos para los días 8 y 9 de enero próximo a ocho periodistas que publicaron informaciones sobre estos hechos y al jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Sobre el que fuera secretario de Estado en el primer Gobierno del PP, la Abogacía del Estado -en defensa del fiscal general, que pidió su declaración- considera que fue la persona que originó el caso con un «bulo» en su perfil de redes sociales y el primero en revelar secretos al difundir «información falsa» del correo confidencial, al que tuvo acceso a través de la defensa de González Amador.