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El juez Juan Carlos Peinado quiere saber qué trabajo preciso desempeña cada uno del personal adscrito a la Presidencia del Gobierno. El instructor del 'caso Begoña Gómez' ha pedido al Gobierno la «relación de puestos de trabajo de los distintos trabajadores y asesores que desempeñan ... sus labores en el Palacio de la Moncloa». Con ese listado, el magistrado pretende arrojar luz sobre exactamente cuál es la situación laboral de María Cristina Álvarez, la alto cargo del Moncloa que -según los mails incorporados a la causa- se ocupaba en realidad de gestionar el día a día de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) que dirigía la mujer de Pedro Sánchez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
El juez quiere tener esa información encima de la mesa antes del 20 de diciembre. Ese día está citada Álvarez en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid para explicar cuál es su labor como directora de Programas de la Secretaría de Presidencia del Gobierno y aclarar si, tal y como apuntan los indicios, se dedicaba, a pesar de cobrar un sueldo público, a hacer tareas para la faceta privada de la carrera profesional de la esposa del presidente.
Álvarez está convocada, en principio, como testigo por lo que está obligada a declarar y a no mentir, por lo que no podrá guardar silencio tal y como hizo el pasado 29 de noviembre ante la comisión de investigación del Senado sobre la 'trama Ábalos-Koldo'. Peinado, no obstante, podría cambiar sobre la marcha su condición de testigo por la de imputada, como ya ha hecho en anteriores ocasiones en esta causa, si aprecia falta de colaboración en las respuestas de la directora de Presidencia.
El nombre de esta asesora de Moncloa -que entró en Presidencia el 16 de julio de 2018 a los pocos días de la llegada de Sánchez al poder y que es hermana de Esther Álvarez excoordinadora del máster de TSC de Gómez- saltó a los medios el pasado 14 de noviembre al conocerse el contenido de otros mails adjuntados a la causa contra Gómez por tráfico de influencias, corrupción y, desde hace unas semanas, también por apropiación indebida e intrusismo profesional.
En esos mails, en consonancia con los remitidos recientemente al juez por la propia imputada, se evidenciaba que Begoña Gómez usó, al menos desde noviembre de 2021 y hasta febrero de este año a Álvarez para ocuparse de gestiones de la cátedra. Incluso, que Álvarez era la encargada de negociar los patrocinios externos de las empresas colaboradoras con este programa docente o que fue la responsable directa de montar un gran evento relacionado con la cátedra con 500 asistentes en la Feria de Madrid (IFEMA) por encargo de la mujer de Sánchez.
De forma paralela a la petición del información a Moncloa, el juez Peinado se ha dirigido al Vicerrectorado de Transferencia, Empresa y Transformación Digital de la UCM para reclamarle información adicional sobre el 'software' diseñado en el seno la cátedra de Gómez y que, sostiene el centro universitario, la mujer de Sánchez se quedó para sí, lo que le ha costado la nueva imputación por apropiación indebida.
El juez pide «copia testimoniada de los expedientes que hubiera podido tramitar para cualquier tipo de inscripción registral (de Propiedad Intelectual, programa informático, derechos de autor, marcas, nombres comerciales, diseños industriales, etc.) en relación a la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva».
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