Jueces y fiscales progresistas piden la dimisión en bloque de los vocales para renovar el CGPJ

Consideran que los vocales interinos «contribuyen» decisivamente a mantener una situación que vulnera la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial pese a que, por su «profesión y responsabilidad», están obligados «a garantizar el cumplimiento de ambas y del ordenamiento jurídico». Por este motivo, defienden que la dimisión en bloque de todos los consejeros obligaría a las Cortes a reactivar la renovación inmediata del CGPJ.

«Prolongan su mandato sin credibilidad, sin legitimidad y sin rubor alguno», aseguran, y denuncian la actual politización del órgano constitucional. «Hay que recordar que un grupo mayoritario de vocales del CGPJ se permite intervenir en el debate partidista sobre una proposición de ley que ni siquiera se había presentado en las Cortes, retrasar el preceptivo informe sobre proyectos de Ley, como el de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que aún no han emitido, opinar con su cargo caducado y en funciones sobre la idoneidad del fiscal general del Estado, y demorar deliberadamente durante semanas la renovación del Tribunal Constitucional», enumera la Unión Progresista de Fiscales y Jueces y Juezas para la Democracia.

Se refieren así al control de la mayoría conservadora del actual Consejo en funciones. De los 16 vocales que lo integran en la actualidad al menos ocho forman parte de este sector nombrado en 2013 por el Grupo Parlamentario Popular. Una suma que le permite manejar los pronunciamientos del pleno del CGPJ o su misma convocatoria.

El mejor ejemplo ha ocurrido con el informe no vinculante sobre la renovación del Gobierno del fiscal general, Álvaro García Ortiz. Los vocales conservadores provocaron incluir a última hora en el orden del día del último pleno y aprobaron luego una declaración muy dura sobre su falta de idoneidad para el cargo. Para ello, expusieron la arbitraria política de nombramientos del fiscal general, su posición sobre la ley del 'sí es sí' o la «inactividad» para la defensa personal de los fiscales del 'procés' ante las acusaciones de 'lawfare' o guerra judicial en Cataluña.

Sobre el informe de García Ortiz, además, este lunes se ha conocido el voto particular firmado por los seis vocales del Consejo que se opusieron al texto de sus ocho compañeros. Afirman que estos se extralimitaron al valorar «criterios de oportunidad» del fiscal general cuando de forma tradicional el órgano solo ha analizado en otros casos el mero cumplimiento de los criterios técnico-jurídicos: que tenga más de 15 años de experiencia, entre otros. Nada más.