El incierto escenario de Puigdemont para regresar a Cataluña

El registro de la proposición de ley de amnistía en el Congreso por parte del Grupo Parlamentario Socialista, que supone el borrado penal de los implicados en la causa del 'procés' y sus derivadas, unas 400 personas, afronta una carrera de obstáculos antes de que el texto se publique en el BOE. Pese a que cuenta con apoyos parlamentarios suficientes en la Cámara baja para salir adelante, la batalla se ha trasladado al Senado. El PP ha hecho uso de su mayoría en la Mesa de la Cámara alta para reformar el Reglamento con el objetivo de dilatar su tramitación urgente. Una «grave infracción que se aparta de la previsión constitucional», según denunció el PSOE, que ya ha anunciado un recurso ante el TC.

A priori, el Senado no podrá vetar la amnistía y, según el procedimiento de urgencia parlamentario, tendría un plazo máximo de 20 días para pronunciarse sobre la ley que le remitirá el Congreso. Pero si transcurre por la vía ordinaria antes de que se pronuncie el Constitucional se iría a los dos meses. En cualquier caso, la tramitación de esta norma requeriría como mínimo un plazo de entre seis meses y, casi con toda seguridad, un año. Un periplo que, ateniéndose a los procedimientos de urgencia, el Congreso puede despachar en menos de dos meses como ocurrió con la derogación de la sedición.

Tras la publicación de la ley en el BOE comenzaría el plazo de dos meses que la norma da a los jueces para que hagan efectivas las exoneraciones para cada uno de los encausados, incluido Puigdemont. Está por ver si los togados que decidirán, caso por caso, sobre la situación del expresidente catalán y el resto de implicados, cumplirán con este margen. El pasado año, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobrepasó en tres meses la ley que le obligaba a renovar en tiempo su terna de magistrados para el TC por la posición de bloqueo del sector conservador, pero no tuvo consecuencias. Además, la ley de amnistía introduce la eliminación de los «efectos suspensivos» de su aplicación en el caso de que los magistrados eleven consultas al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la UE para demorar sus decisiones. Por lo que el plazo de dos meses para aplicar la amnistía, en principio, estaría muy tasado.

La orden de detención nacional contra Puigdemont decaerá en cuanto el juez instructor del 'procés', Pablo Llarena, aplique la ley de amnistía. El expresidente, entonces, podría regresar a Cataluña sin riesgo a ser detenido porque sobre él no pesaría ninguna causa judicial. Ni su implicación en el proceso secesionista de 2017 ni, a priori, la última investigación abierta en el 'caso Tsunami' por un delito de terrorismo, en contra de la opinión de la Fiscalía. No obstante, el juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón podría plantear una cuestión prejudicial al tribunal europeo dada la gravedad del delito investigado y el impacto que tendría la amnistía en esta causa. En su auto del 6 de noviembre pidió investigar el fallecimiento de un ciudadano francés de un infarto durante la protesta que tuvo lugar en el aeropuerto de El Prat en octubre de 2019.

Por lo tanto, dependiendo de la interpretación que haga el juez de la eliminación de los «efectos suspensivos» de la norma, podría pedir amparo a Luxemburgo para que la corte se pronuncie sobre este extremo. Es más, García Castellón ya anticipó en su auto que el Derecho de la UE ha tratado de armonizar y delimitar los conceptos relacionados con el terrorismo y que «existe un compromiso del Reino de España en la adopción de medidas efectivas para su persecución». Es decir, que los efectos de este delito trascenderían del derecho nacional. Un horizonte que, de consumarse, retrasaría la aplicación de la amnistía a Puigdemont y al resto de acusados tanto en la causa de Tsunami como en la de los CDR en la Audiencia Nacional.

Otro asunto colateral del que está pendiente Puigdemont para un posible regreso se dirime en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El pasado septiembre la defensa del expresidente y de los otros dos eurodiputados de la Junts, Toni Comín y Clara Ponsatí, recurrieron la sentencia que en julio les retiró la inmunidad por razón de su cargo, dando así la razón a una decisión previa del Parlamento Europeo de 2021. En paralelo a la tramitación de la ley de amnistía, el TJUE tiene previsto pronunciarse en el primer trimestre de 2024 sobre los recursos. Mientras tanto, el juez Llarena mira de reojo esta resolución por si decide reactivar la orden europea de detención y entrega antes de que se apruebe el borrado penal a los encausados por el 'procés'.