García Ortiz trata de doblegar a los fiscales del Supremo para blindar a Puigdemont y Junqueras

El intento del máximo responsable del Ministerio Público de imponer su criterio en contra de los argumentos de los fiscales del alto tribunal no tuvo éxito. Los fiscales del procés avisaron que no tienen intención de cambiar el tenor de su informe, por mucho que el fiscal general les insistiera en que su estudio es demasiado genérico y que tienen que redactar un dictamen que se circunscriba a la realidad actual tras la aprobación de la amnistía. En esa línea, le reiteraron que no hay forma de borrar el delito de malversación –el que persigue a Puigdemont e inhabilita a Junqueras tras la derogación de la sedición– ni siquiera con la ley de amnistía. Y ello porque el artículo 4 de la directiva europea 2017/1371 de 5 de julio de 2017 es tajante al impedir el olvido penal de los delitos que afectan a los intereses financieros de la UE.

De los cuatro fiscales del Supremo destinados en esta causa, solo acudieron al encuentro Javier Zaragoza y Jaime Moreno. Fidel Cadena y Consuelo Madrigal no aparecieron en la reunión con García Ortiz, alegando la premura de la convocatoria, ya que fueron citados la mañana de esta mismo martes, apenas supo la Fiscalía del plazo de cinco días dado por el Supremo para presentar las alegaciones a la aplicación de ley de amnistía.

Así las cosas, los fiscales autodeclarados en rebeldía anunciaron al fiscal general su intención de plantear el artículo 27 de Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que es el que faculta a los subordinados a exigir órdenes por escrito de sus superiores cuando consideren que esas instrucciones son «contrarias a las leyes».

La aplicación de este artículo, que es la única herramienta práctica de los fiscales para oponerse a sus superiores, supone implicar en esta guerra a la Junta de Fiscales de Sala, la cúpula de la carrera, y que está formado por los 37 máximos responsables de la institución.

García Ortiz, llegado este órgano, solo tiene obligación de escuchar lo que le tenga que decir la Junta, porque la última decisión es suya, puesto que la Fiscalía es un órgano jerárquico. No obstante, el tiempo juega en su contra porque en un plazo de cinco día el Ministerio Público tiene que informar al Supremo sobre sí apoya o no la amnistía de la malversación del procés. Y no es fácil: en ese apurado espacio temporal García Ortiz tiene que dar la orden por escrito a sus subordinados, convocar con antelación bastante a la Junta y buscar a alguien con suficiente categoría en la carrera -probablemente su número dos, la teniente fiscal, Ángel Sánchez Conde- que redacte ese informe alternativo que tanto ansía la Fiscalía General del Estado y en el que se certifique que Puigdemont puede ser amnistiado por la malversación y que Junqueras deja de ser inhabilitado al desaparecer ese delito.