Govern y PSC anuncian un acuerdo de presupuestos

El Govern y el PSC han anunciado este miércoles que han cerrado un acuerdo con los socialistas para aprobar los presupuestos catalanes. Las dos formaciones han comunicado el pacto a través de una nota de prensa. Pere Aragonès y Salvador Illa firmarán esta tarde el pacto, que algunos grupos utilizarán para proclamar el inicio de un nuevo tripartito de izquierdas, como el que gobernó en Cataluña entre 2003 y 2010, primero bajo presidencia de Pasqual Maragall y más tarde, de José Montilla.

El acuerdo entre el PSC y ERC supone un cambio de rasante en la política catalana, marcada desde 2012 por los sucesivos pactos entre las fuerzas independentistas. La unidad secesionista saltó por los aires con la ruptura entre ERC y Junts, hace cuatro meses, y ahora se abre una nueva etapa en Cataluña, con la alianza entre dos fuerzas de dos bloques que hasta ahora eran graníticos. Socialistas y republicanos son adversarios políticos, pero han llegado a entendimientos en tres ámbitos: Congreso, Cataluña y Ayuntamiento de Barcelona.

«Se trata de un acuerdo de presupuestos, no de legislatura», han afirmado tanto la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, como el jefe de la oposición, Salvador Illa, en sendas comparecencias por separado. Ambas partes tratan de minimizar su relevancia a escasos meses de las elecciones municipales. El Govern aprobará las cuentas mañana jueves en un consejo ejecutivo extraordinario y dará carácter de urgencia a la tramitación, con el objetivo de tener los números en vigor para el mes de marzo.

El Govern ha presentado el acuerdo con los socialistas con el máximo de frialdad. Ha limitado el pacto a las cuentas, ni siquiera ha agradecido el apoyo al PSC y ha llamado a Junts a sumarse durante la tramitación. «La mayoría del 52% (de voto secesionista) sigue vigente», ha afirmado Vilagrà. «Queremos resolver el conflicto y solo se resolverá con un referéndum», ha señalado. Aragonès empezó la legislatura ahora hace caso dos años de la mano de Junts y la CUP y se dispone a aprobar sus cuentas, en el ecuador de su mandato, con PSC y comunes. Vilagrà ha destacado más las diferencias con el PSC que los puntos que les unen y que les ha permitido ponerse de acuerdo.

«Que nadie confunda», ha afirmado en la misma línea Salvador Illa, adelantándose a las voces desde Junts, CUP y de la derecha que van a dar por hecho el inicio de un nuevo tripartito. «No es acuerdo de legislatura», «es relevante, pero solo es de presupuestos», ha asegurado el líder del PSC. Los socialistas han justificado el acuerdo por «responsabilidad», porque «anteponen los intereses generales» a sus propios intereses electorales. «He intentado sumar, buscamos consensos amplios, trabajamos para unir a los catalanes», ha dicho Illa. «Me preocupa que el Govern gobierne, no me preocupa si podrá acabar la legislatura», ha señalado.

Junts ha cargado contra el acuerdo. A su juicio, se ha roto la unidad independentista y ha acabado la legislatura del 52% (de voto secesionista). Desde el Gobierno central, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha celebrado el acuerdo de presupuestos entre ERC y PSC, que a su juicio muestra la Cataluña del futuro, basada en acuerdos entre diferentes y el fin de la política de bloques.

El acuerdo entre el Ejecutivo de Aragonès y socialistas se ha hecho esperar. Ambas partes han jugado una partida de largo recorrido. El Govern priorizó primero el acuerdo con el Gobierno sobre la reforma del Código Penal. ERC no quiso vincular su apoyo a los presupuestos generales del Estado con las cuentas catalanas para no perder fuerza negociadora en Madrid, ya que su primer objetivo era derogar el delito de sedición. Cuando el Govern se puso con las cuentas de 2023, primero buscó el respaldo de Junts. Fue una estrategia negociadora, porque los junteros nunca han tenido voluntad de llegar a acuerdos con ERC, tras salir del Gobierno catalán en octubre del año pasado. Después del divorcio independentista, ERC pasó al plan B, el PSC, que ha alargado a su gusto las conversaciones. Los socialistas han aprovechado la negociación presupuestaria para compensar el coste de la reforma del Código Penal, para visualizar que son la primera fuerza del Parlament y para que sea ahora el Govern el que aparezca como el que hace concesiones. Aragonès asumió la semana pasada en primera persona la decisión de ceder ante el PSC y dar el visto bueno al cuarto cinturón, entre Sabadell y Terrassa, una carretera a la que los republicanos se oponían de manera frontal. El último escollo fue asumir la exigencia de los socialistas de «modernizar» el aeropuerto del Prat. Se ha acordado una comisión técnica entre el Gobierno y el Govern que permita «acordar el nuevo modelo del aeropuerto» para que «gane capacidad». El Gobierno catalán también se ha comprometido a «completar los procesos relacionados con el inicio del proyecto» del complejo turístico Hard Rock, en Vilaseca, en Salou, junto a Port Aventura.

Aragonès ha tenido que dar un golpe de autoridad interna, en clave de partido, para poder sacar adelante los presupuestos. Hace cuatro meses, el presidente de la Generalitat cesó a su vicepresidente, Jordi Puigneró, de Junts. Forzó la salida de los junteros del Govern. Desde el primer día, discrepaban casi en todo, sobre todo en la agenda soberanista: Junts rechazaba la mesa de diálogo y no estaba de acuerdo con apoyar la gobernabilidad española. ERC apostó por gobernar en solitario, pero desde el primer el ejecutivo de Aragonès nació débil. Con el apoyo de solo 33 diputados (sobre 135), la legislatura, hasta 2025, se le iba a hacer muy larga a Aragonès. El dirigente republicano ha tenido que hacer frente a las resistencias de sectores de su partido, sobre todo Oriol Junqueras, que eran más partidarios de la prórroga presupuestaria para no depender del PSC. El presidente de la Generalitat salva la legislatura, pero el fantasma del adelanto electoral sigue vigente, pues el Govern sigue apoyado en solo 33 diputados. «El objetivo es acabar la legislatura», ha expresado el Govern.