El Gobierno vasco confirma que se ha encontrado «un resto óseo humano» en el vertedero de Zaldibar

Zubiaga ha comparecido a las 20.15 horas en Ermua junto al director de Patrimonio Natural y Cambio Climatico, Aitor Zulueta. Tras confirmar la noticia adelantada por EL CORREO, ha reconocido que, partir de ahora esa zona se delimita como «zona más probable de encontrar más restos» y se trabajará de forma «más quirúrgica, con más cuidado», mientras se realiza «el análisis científico del resto encontrado».

Los trabajos para encontrar los cuerpos de los dos empleados comenzaron en cuanto fue posible asegurar las miles de toneladas de desechos acumuladas en la escombrera. Durante este medio año se ha ido acotando la zona de rastreo donde podrían encontrarse ambos. Cuando se inició la excavación sistemática se establecieron cuatro sectores preferentes de búsqueda, B1, B2, B3 y B4. Ya solo queda por excavar el primero. El B4 acoge ahora el depósito de residuos de seguridad DS1. Los expertos sabían que debían estar en el entorno de la báscula, una zona especialmente delicada por el riesgo de causar otros desplazamientos. Queda ahora por ver el resultado de los análisis de los especialistas de la Policía vasca.

Las labores de búsqueda de los desaparecidos ha avanzado en paralelo al descubrimiento de la gestión que la empresa propietaria de la escombrera ha hecho de las miles de toneladas de materiales con amianto allí almacenadas. Verter recibió el visto bueno del Gobierno vasco en 2011 para trabajar con este peligroso material por silencio administrativo. Es decir, porque el Departamento de Medio Ambiente no contestó a su solicitud en el plazo de un mes. Un año después empezó a almacenarlo. Y desde entonces fue a más. El vertedero ingresó 2.954 toneladas en 2017 y 2.592 en 2018. Pero en 2019 llegó a 4.235 toneladas, un incremento del 43% en solo dos años, según cifras que ofreció el propio Gobierno vasco.

Sin embargo, además de recibir la autorización de funcionamiento de la Administración, las compañías que trabajan con amianto -incluidos los vertederos- también deben cumplir otra serie de requisitos. Uno de ellos es estar inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA). Según la documentación del sumario, Verter Recycling no se dio de alta en este organismo hasta el 19 de septiembre de 2017. Es decir, cuando ya llevaba años trabajando con amianto.

En el sumario judicial también figuran algunos informes enviados por la Inspección de Trabajo de Bizkaia y Osalan. En este sentido, entre la documentación figura que en enero de 2018 se pidió a la empresa que subsanase las deficiencias detectadas en el Plan General y Único de Trabajo con riesgo de amianto que había presentado para manipular este material. En abril de 2019 la inspección volvió a negarles la autorización por irregularidades. Consiguió el permiso, finalmente, en junio del pasado año.

Osalan también informó de que realizó dos visitas al vertedero en 2012 en el marco de una campaña de recogida de residuos y se detectaron algunas deficiencias. En 2018 presentó su plan de trabajo ante el Instituto vasco de Salud Laboral, que le dio luz verde en abril de ese año. Al siguiente, Osalan volvió a autorizar su plan de trabajo de un año de duración. En el informe de la empresa se detalla la identidad de los tres trabajadores que manipulaban el amianto, los tres procedentes del país africano de Mali.

No ha sido el del amianto el único punto oscuro en el vertedero vizcaíno. Al menos dos estudios realizados en abril y en junio de 2018 alertaban ya de importantes problemas de estabilidad en la escombrera. En concreto, se llevaron a cabo después de que Verter decidiese construir en 2017 una plataforma en la parte intermedia de la instalación para dar respuesta al «progresivo aumento» en la recepción de residuos. El resultado del primero de los análisis fue «desfavorable» al no superar «la mayoría de factores de seguridad requeridos». De hecho, entre las hipótesis que se planteaban estaba «el escenario presente en el momento del siniestro». Dos meses después se volvió a realizar un nuevo análisis que arrojó resultados «similares». Geyser, la firma encargada de ambos, se ofreció a Verter para realizar un estudio de estabilidad «en profundidad» apoyado en «datos de campo». Sin embargo, esta oferta fue «rechazada» por la empresa y no realizó «ninguna acción» para conocer la estabilidad. De forma paralela, la construcción del vertedero y la entrada de camiones continuó creciendo «a gran velocidad». De hecho, en el año 2017, el último ejercicio del que existen cuentas, la empresa ingresó 7,23 millones de euros, 4 millones más que en su primer año completo de actividad.

Todas estas circunstancias llevaron a la jueza que investiga una de las dos vertientes penales del caso a imputar a los tres responsables de la escombrera un delito de homicidio imprudente, relacionado con un delito contra los derechos de los trabajadores. Los tres investigados -el dueño de Verter Recycling, José Ignacio Barinaga, la gerente, Arrate Bilbao, y el ingeniero jefe, Juan Etxebarria- estuvieron detenidos dos días para quedar a continuación en libertad con medidas cautelares: deberán acudir a firmar al Palacio de Justicia una vez al mes y se les retiró el pasaporte, en principio mientras dure el procedimiento.