El órdago de Junts amenaza la subida de las pensiones y la gratuidad del transporte público

Esas medidas, incluidas en un paquete amplio y variado del que forma parte también la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, luz y gas y la suspensión de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad  o la concesión al PNV de la propiedad del edificio en el que se sitúa la sede del Instituto Cervantes en París, se votan el próximo miércoles en un pleno extraordinario. También lo harán el real decreto ley que mejora la regulación de la jubilación parcial, activa y demorada y el del impuesto a las energéticas.

Que el nuevo gravamen a las energéticas, exigencia de los socios de la izquierda, no saldrá adelante se da por descontado porque el PNV y Junts ya habían anticipado su voto en contra. También se sabe ya que la reforma de la jubilación saldrá adelante con el apoyo del PP, porque así lo anunció hace unos días Alberto Núñez Feijóo. Pero el real decreto ley ómnibus peligra seriamente.

Fuentes del partido de Puigdemont aseguran que votarán en contra y que su postura es innegociable salvo que de aquí al próximo miércoles el PSOE acceda a la delegación integral de competencias de inmigración o admita finalmente la tramitación de su proposición no de ley sobre una cuestión de confianza a Sánchez. Todo estaría pues en mano de los populares que no anticipan su posición.

En el grupo parlamentario socialista se muestran escépticos. El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, uno de los principales negociadores del Gobierno, evitó dar muestras de inquietud en su primera intervención pública, después de que el líder de Junts anunciara que pone en suspenso su relación y exigiera celebrar una nueva reunión en Suiza junto al verificador internacional, al que ambas partes acordaron recurrir en el acuerdo de investidura, para auditar el grado de cumplimiento de los pactos.

«Somos capaces de sentarnos con quien piensa diferente, llegar a acuerdos y consensos y superar cualquier discrepancia», aseguró Bolaños.Uno de los principales asuntos sobre la mesa es la delegación a la Generalitat    de las competencias    sobre inmigración. Ayer, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, volvió a decir que el conrol de las fronteras es una «líena roja» y Puigdemont advirtió: «Creo que no son declaraciones oportunas».

La consigna ahora en el PSOE es no decir nada que pueda agravar la ya delicada situación, con la vista puesta en esa eventual reunión en Suiza. «Vamos a seguir en la discreción que siempre mantenemos en las conversaciones. Cuando haya un acuerdo –zanjan desde Ferraz–, lo comunicamos de inmediato, como también hemos hecho en todos los procesos».