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Nunca como en esta semana el Gobierno había sufrido por el devenir de la legislatura. Y probablemente nunca había sentido tanto alivio como este jueves, pese a la catarata de acusaciones vertidas durante su comparecencia en la Audiencia Nacional por el nexo corruptor del 'caso ... Koldo', Víctor de Aldama. Al mismo tiempo que el empresario, ya en libertad bajo fianza, describía ante el juez Ismael Moreno su relación con Pedro Sánchez y atribuía mordidas a varios cargos de su partido y su Ejecutivo, los aliados parlamentarios pusieron fin a varias jornadas de ansiedad, angustia y desesperación en las filas socialistas con su apoyo a la reforma fiscal, una iniciativa crucial.
Que a Sánchez le va a costar hacerse con la iniciativa política mucho más de lo que él y su nucleo duro pensaron cuando lograron aprobar la controvertida amnistía al 'procés' el pasado 30 de mayo y que tendrá que seguir bailando al son que le marcan los grupos que apoyaron su investidura es evidente. Los casi tres meses transcurridos desde que, a la vuelta del verano, se anunció la convocatoria del congreso federal del PSOE, que tendrá lugar en Sevilla, con intención de relanzar al partido, han estado abonados al sobresalto. Sin embargo, la sensación que cunde entre muchos cargos es que, de alguna manera, se ha doblado el Cabo de Hornos. «¡Ahora ya, p'alante!» resumen.
En algunas federaciones creen que, tras lo ocurrido con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, imputado por el Tribunal Supremo, habría que tentarse la ropa ante la amenaza de Aldama de presentar pruebas de acusaciones que salpican al secretario de Organización, Santos Cerdán –en el punto de mira de algunos territorios por cuestiones ajenas al caso y relacionadas con batallas internas de poder–, el hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, o el jefe de gabiente de la vicepresidenta María Jesús Montero. En Moncloa y en Ferraz, en cambio, se parapetan en la mofa. «Le ha faltado decir que es agente de la TIA», repetían el viernes varios ministros.
El día de su declaración, Aldama se llevó la mayor parte de los titulares de prensa, pero lo que importa a los socialistas es que, tras haber estado políticamente con el agua al cuello desde la semana anterior, han ganado dos batallas relevantes al primer partido de la oposición. La primera, con menos impacto real sobre la acción del Gobierno y su estabilidad pero muy relevante en términos de imagen, es el hecho de haber logrado consumar la designación de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, como número dos de Ursula von der Leyen en la Comisión Europea, pese a los intentos del PP de sacarla de la carrera cuestionando su papel en la gestión de la DANA. La segunda, la reforma fiscal.
Durante varios días, temieron realmente que el paquete impositivo clave para recibir en torno a 7.000 millones del quinto pago de fondos europeos y para la elaboración de los Presupuestos, fracasara por los vetos cruzados de unos aliados entre los que no existe uniformidad ideológica. Pero, finalmente, incluso Podemos, firme en su rechazo hasta poco antes de la votación, acabó claudicando.
El nudo gordiano se resolvió con una incierta promesa salomónica: un impuesto a las energéticas, condición 'sine quanon' de todos los partidos de izquierda, que permita desgravaciones por inversiones en descarbonización, de las que podrán beneficiarse todas las empresas del sector; lo que, en teoría, debería satisfacer a Junts y el PNV. En el Gobierno siempre han dado por sentado que si resolvían el 'sudoku' fiscal, las Cuentas públicas saldrían adelante. «Lo verdaderamente complicado era esto; en los Presupuestos es más difícil que nos planteen condiciones incompatibles», dicen. No obstante, también hay quien, aun con el susto en el cuerpo, avisa: «Veremos. Todo cuesta mucho trabajo».
El camino no está aún completamente allanado. Todavía hay que aprobar los objetivos de deuda y déficit para el conjunto de las Adminitraciones, que Junts obligó a retirar en septiembre, y cuadrar las cuentas, con las necesidades sobrevenidas de la tragedia valenciana, que arrasó hasta un 40% del territorio en la provincia, no va a ser una tarea sencilla. Los grupos ya han avisado de que no permitirán que se use ese asunto como «chantaje» para abaratar su respaldo.
El Ejecutivo asume que tendrá que ceder mucho. Lleva haciéndolo toda la legislatura. Pero los socios, que este viernes respondieron una vez más con desdén a la oferta de Alberto Núñez Feijóo de presentar una moción de censura y con escepticismo a las acusaciones de Aldama, refuerzan su discurso de que no hay alternativa; el 'malmenorismo' que critica Podemos, pero al que a la postre no ha sido capaz de sustraerse y que ha servido a Sánchez para presumir de fortaleza.
«Los Gobiernos en minoría son la nueva normalidad. No hay más que mirar a Europa, cómo están Francia o Alemania –defienden en el PSOE–. Los que gobiernen en el futuro serán los que sean capaces de llegar a acuerdos». «La debilidad parlamentaria –dijo el jueves el presidente– es la de aquellas formaciones políticas que no son capaces de armar mayorías. Este Gobierno lleva seis años lográndolo».
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