El Gobierno vuelve a posponer la votación de su reforma fiscal para evitar perderla

El principal punto de desencuentro es la consolidación o no del impuesto extraordinario a las energéticas aprobado, junto al de la banca, durante la crisis inflacionaria provocada por la guerra de Ucrania y que el Gobierno se había comprometido a convertir en permanente antes de que muera por sí solo el 31 de diciembre. Con el calendario metiendo presión, los socialistas decidieron aprovechar la trasposición de la directiva que busca implantar un impuesto mínimo global del 15% a las multinacionales, ya en tramitación en la Cámara baja, para abordar esa otra cuestión y negociar un paquete fiscal más amplio. Y empezó el baile.

El PSOE optó por amarrar primero el apoyo del que consideraba hasta ahora su apoyo menos seguro, Junts. Lograrlo le obligó a aparcar el gravamen a las energéticas. Pero, además, también acordó con el PNV, igualmente reticente a hacer permanente ese tributo, que la tasa para las entidades bancarias se prorrogara solo tres años más y además se transformara en impuesto para poder concertarlo con las Haciendas vascas, las cuales podrían bonificarlo.

El lunes los socialistas sortearon los reparos de Sumar a esas cesiones a cambio de imponer un IVA del 21% a los pisos turísticos, un aumento de la fiscalidad sobre las Sociedades Anónimas cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobliario (Socimis), un gravamen sobre los bienes de lujo y la eliminación de las exenciones a las primas de los seguros sanitarios privados. Pero el resto de los socios de la izquierda no pasaron por el aro.

Al Gobierno no le quedó entonces más remedio que suspender la reunión de la Comisión de Hacienda, prevista para ese mismo día, hasta este jueves. Pero en dos días y medio no ha sido capaz de resolver el puzle. Con un problema añadido: que el PNV no acepta se graven los seguros de salud.

El martes el portavoz del grupo nacionalista vasco en la Cámara baja, Aitor Esteban, ya planteó la posibilidad de que este jueves se votara exclusivamente la normativa que busca adoptar los acuerdos de fiscalidad internacional alcanzados el G20, la OCDE y la UE para cortocircuitar las agresivas estrategias fiscales de las multinacionales. Urge hacerlo porque Bruselas ya dio a principios de octubre el paso de denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber traspuesto la directiva en el plazo fijado, antes del 31 de diciembre de 2023, lo que puede suponer una multa millonaria.

Incluso sin el apoyo de todos sus socios, la trasposición de la directiva es posible porque el PP ha avanzado que la apoyaría si, además de combatir el fraude a los hidrocarburos, no se añaden nuevos tributos. Durante un momento de la mañana, tanto ERCcomo EH-Bildu contemplaron esa salida, la de aislar el impuesto mínimo global, como una opción. Pero el PSOE quiere quemar hasta el último cartucho antes de dar nada por perdido. «Estamos negociando», aseguró la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras conocerse el nuevo aplazamiento de la comisión.

Podemos, al que los socialistas están aprendiendo a temer tanto como a Junts, se muestra en todo caso poco proclive a nada que implique renunciar al impuesto a las energéticas y su posición hace muy difícil que Esquerra, Bildu e incluso Sumar, que, pese a su acuerdo con los socialistas ha vuelto a poner esa exigencia sobre la mesa, acepten hacerlo. La formación de Ione Belarra alega que el Gobierno se ha metido en «un callejón sin salida» y su sugerencia es que prorrogue vía real decreto ley los dos gravámenes temporales y negocie después su convalidación y el resto del paquete fiscal junto a los Presupuestos, para que Junts y PNV puedan apoyarlo a cambio de otras concesiones.

Mientras, el PP –golpeado a su vez por la gestión de la DANA del Gobierno de la Generalitat valenciana liderado por Carlos Mazón– critica la nueva suspensión de la comisión de Hacienda y acusa al PSOE de «burlar» la soberanía nacional «al no respetar las reglas establecidas en las Cortes Generales convocando y desconvocando a su antojo». Pero al mismo tiempo, se frota las manos ante lo que percibe como una nueva muestra de la «debilidad manifiesta» de Sánchez.

«Si no consigue llegar a un acuerdo con sus socios en el plano fiscal, parece complicado que lo haga para sacar adelante los Presupuestos si no es con nuevas cesiones a los independentistas a costa de los ciudadanos», arguyeron este jueves fuentes del primer partido de la oposición.