El Gobierno avala las expulsiones 'en caliente' marítimas en medio de la crisis migratoria en Canarias

Esta 'autorización' que ahora se otorga así mismo el Ministerio del Interior para llevar las deportaciones exprés al agua se produce precisamente cuando España vive la peor crisis migratoria en Canarias, con la llegada de enero a noviembre de 2023 de casi 50.000 africanos, casi el doble que el año anterior, y por encima de la famosa crisis de los cayucos de 2006.

La hoja de ruta de Interior la ha desvelado el propio Ejecutivo en una respuesta parlamentaria al diputado de ERC Gabriel Rufián, quien cuestionó la legalidad de la decisión del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska de desembarcar por la fuerza en el puerto senegalés de Saint Louis el pasado 30 de agosto a los 168 inmigrantes que fueron interceptados a unas 80 millas náuticas (148 kilómetros) de la costa de Mauritania por la patrullera de la Guardia Civil 'Rio Tajo'.

El desembarco en Saint Louis se produjo tras seis largos días de incertidumbre y travesía, con un conato de motín a bordo porque los inmigrantes se negaban a ser deportados a tierra firme. Y todo ello después de que Mauritania, el lugar más cercano para el desembarco, se negara a hacerse cargo de los 'sin papeles' porque habían zarpado de Senegal.

Rufián, haciéndose eco de las ONG y organismos internacionales que pusieron en duda la legalidad de esa operación, apuntó en su pregunta varias posibles irregularidades que también se vienen denunciando en las expulsiones sumarias en las vallas: la violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos al no haber garantizado las autoridades españolas que personas que estaban bajo su jurisdicción tuvieran acceso a reclamar asilo; no facilitar intérpretes o asesores legales a estos migrantes; practicar una «devolución colectiva» sin procedimientos personalizados tal y como exige la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; o no comprobar de forma fehaciente que entre los deportados no había menores de edad; entre otras cuestiones.

Pero el Gobierno está convencido de que todo aquel operativo fue impecable y que «cumplió con la legislación tanto nacional como europea e internacional en materia de derechos humanos». Y ello, porque básicamente Interior, en su explicación al Congreso de los Diputados, da a entender que a los inmigrantes se les puede aplicar el mismo tratamiento legal que a los náufragos.

En esa línea, Interior afirma haber respetado en esta crisis migratoria que nada tuvo que ver con un naufragio, las «bases del régimen jurídico internacional aplicable a la interceptación y al rescate de las embarcaciones que se hallen en peligro en el mar» y, en particular, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Convenio SOLAS) y el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos (Convenio SAR). Todos estos textos de derecho internacional marítimo, que nada tienen que ver con la inmigración ilegal, consagran la obligación de rescatar a cualquier persona que esté en riesgo en el mar y llevarla sana y salva cuanto antes a tierra.

Y en esa línea, el Gobierno español sostiene que exactamente eso fue lo que hizo la patrullera 'Río Tajo', obviando cualquier referencia a la legislación migratoria y de protección internacional de refugiados. Para el Ejecutivo, no hubo expulsiones en caliente. Solo se procedió «al rescate, en aguas internacionales, de una embarcación que presentaba condiciones precarias de navegación» y posteriormente puso a salvo a esos 'náufragos' en tierra firme en Senegal.