El Gobierno afronta un mes clave en el 'caso Ábalos' tras reactivar la causa el Supremo

Según revelan fuentes cercanas a este procedimiento, el instructor, básicamente se ha dado un mes de plazo para calibrar la envergadura de esta causa de la que se hizo cargo el pasado 5 de noviembre y que, en realidad, todavía está dando sus primeros pasos porque aunque la denominada 'operación Delorme' comenzó abril de 2022 (y las primeras detenciones no llegaron hasta febrero de 2024), hasta que el pasado 28 de enero el Congreso de los Diputados no comunicó al Supremo la suspensión de la inmunidad de José Luis Ábalos no se ha podido comenzar a investigar a fondo el papel del exministro de Transportes en todo este extenso caso.

El gran reto –detallan estas mismas fuentes– ahora es activar la investigación sobre Ábalos con un año de retraso e intentar «colocar nuevas piezas en un puzle que ya está bastante avanzado» y en el que algunas de estas piezas pueden haber desaparecido o ser «hechas desaparecer», incluidas las que puedan apuntar al Gobierno.

El pasado 4 de febrero, el propio instructor ya señaló directamente la posibilidad de que los nuevos derroteros de la investigación puedan salpicar al Ejecutivo y al PSOE. En un requerimiento a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ordenó a los agentes que escudriñen el sumario y las intervenciones telefónicas en busca de contactos entre De Aldama con el propio Ábalos y su hijo primogénito, Víctor, pero también con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, «o con subordinados de éste», y con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. De Aldama acusa al primero de haberle pedido sin éxito una comisión de 50.000 euros por la venta de mascarillas al Gobierno canario y de haber participado en encuentros con «señoritas» en pisos de Madrid, unas citas que también ha ordenado investigar el Supremo. Y al segundo de haber recibido una mordida de 15.000 euros por adjudicaciones de obras en Euskadi.

Pero no solo Torres o Cerdán. El juez ha pedido a la UCO que investigue los mensajes de la trama con «cualquier otra persona aforada ante el Tribunal Supremo», dejando abierta así la puerta a extender, a priori, la investigación a todas la larga lista de cargos acusados por Víctor de Aldama.

Torres y Cerdán han negado tajantemente esas acusaciones y son firmantes de la demanda por injurias y calumnias contra el conseguidor, que también han suscrito Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Salvador Illa, María Jesús Montero y su jefe de Gabinete, Carlos Moreno, al que Víctor de Aldama también acusó de haberse embolsado 25.000 euros por aplazar el pago de impuestos.

Hay otros dos aforados que han sido nombrados por Aldama en sus declaraciones, aunque no les ha acusado directamente de la comisión de delitos: Fernando Grande-Marlaska y Teresa Ribera. Del ministro del Interior señaló que ordenó crear una «zona Schengen» para evitar que Delcy Rodríguez pisara suelo español y que dio instrucciones para garantizar la seguridad del chalet en Madrid donde debía hospedarse en secreto la mandataria bolivariana. De la exvicepresidenta dijo que estuvo presente junto a él en encuentros en los que participó también Begoña Gómez y el CEO de Air Europa, Javier Hidalgo, coincidiendo con el rescate de la aerolínea por parte del Gobierno.

Pero en Moncloa saben que este atestado y las semanas de desgaste que se vienen por las referencias a «aforados» solo va a ser uno de los posibles incendios del final de este invierno. Y es que el juez, que el 20 de febrero vuelve a interrogar a Ábalos, va a hacer desfilar por el Supremo entre el 25 de febrero y 5 de marzo a 17 testigos, entre ellos cinco que pueden ser particularmente incómodos. Se trata de tres ex altos cargos de Transportes relacionados con adjudicaciones bajo sospecha; el propio jefe de gabinete de la ministra de Hacienda; y de Carmen Pano, la empresaria que asegura que llevó a Ferraz 90.000 euros.

El resto de diligencias encargadas por el Supremo no inquietan tanto ni en Moncloa ni en la sede socialista, ya que están dirigidas a tratar de probar las supuestas irregularidades de Ábalos, cuyo daño consideran «totalmente amortizado». Ni las investigaciones sobre los viajes con su novia Jéssica, ni las supuestas maniobras para enchufarla, ni la vasta investigación patrimonial encargada a la UCO sobre el exministro y su hijo preocupan ya en demasía en «cuanto a daño reputacional» ni en el Ejecutivo ni en el PSOE.

Harina de otro costal es la 'espada de Damocles' que supone las amenazas de De Aldama de aportar finalmente las pruebas de sus acusaciones. Nadie en el Supremo se atreve a vaticinar qué hay en el terabyte de memoria del móvil que la Audiencia Nacional ha devuelto al empresario y cuyo contenido, al menos parcialmente, sí que conoce Anticorrupción, que insiste en avalar la libertad del acusado a pesar de que sigue sin entregar esas pruebas. En el Gobierno aseguran, sin embargo, «estar muy tranquilos»_ante la amenaza de ese terabyte y se muestran más preocupados por el «desgaste» de la reactivación de la investigación en el Supremo, sea cual sea su resultado.