El Gobierno acuerda con Junts el reparto de menores de Canarias y Cataluña recibirá entre 20 y 30 de los 4.000

Dicho acuerdo, supone añadir un artículo 35bis de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros y su integración social para que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia «pueda acordar por unanimidad los requisitos para la declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria, el plan de respuesta y los criterios para la aplicación del plan».

Según revelan fuentes de Junts cercanas a la negociación, establece que «la distribución se realizará entre aquellas comunidades que han hecho un esfuerzo mucho menor en comparación con el de Cataluña». De esta manera, de los 4.000 menores que saldrán de Canarias una vez que el decreto se apruebe, entre 20 y 30 jóvenes no acompañados serán tutelados por Cataluña. Es la manera, según dicen, de «no penalizar a las comunidades más solidarias».

El acuerdo al que han llegado el Gobierno y Junts, que el ministro de Política Territorial y Memoria Histórica, Ángel Víctor Torres, ha calificado de «hito histórico», establece que aquellos territorios con una larga trayectoria en acogida de menores extranjeros no acompañados «tendrán una compensación económica adecuada». Desde el punto de vista de los de Puigdemont, esta es la manera de «garantizar un sistema de distribución equitativo y sostenible». El Ejecutivo canario, por su parte, se encuentra ahora analizando el texto, aunque señalan que es «una gran noticia» este avance.

No obstante, fuentes del Gobierno señalan que todavía no se ha fijado el número de menores que irán a cada comunidad. «En el real decreto solo se recogen las ponderaciones de los criterios establecidos para el reparto», explican. De manera que los ejecutivos regionales cuentan de plazo hasta el 31 de marzo para enviar a Moncloa los datos actualizados de cuántos menores extranjeros no acompañados se encuentran en sus sistemas para, posteriormente, determinar cómo se hará el reparto.

Los criterios, ya definidos hace tres años para un traslado voluntario, para el reparto estarán basados en parámetros como el de población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%). Se mantienen debido a que el Ejecutivo los considera oportunos, pero el decreto hará que tengan carácter de «obligado cumplimiento». Una característica que surge, como ha explicado la ministra de Infancia y Juventud, debido a que «de los 1.000 menores que debían haber sido repartidos desde 2022, solo se han trasladado el 52%».

Se cumple así la palabra dada entre los gobiernos central y canario, dando respuesta Pedro Sánchez a lo que desde las islas se lleva reclamando desde que la consolidación de la ruta canaria desbordó esa capacidad de acogida. A día de hoy, Canarias tutela a unos 5.800 menores migrantes no acompañados, cuando la capacidad de atención del archipiélago se sitúa en la mitad. Una situación que ha provocado que muchos menores no hayan podido ser escolarizados, de manera que sus derechos se han visto vulnerados, según ha reclamado en numerosas ocasiones el regidor canario, Fernando Clavijo.

El Gobierno se decanta finalmente por la vía del decreto ley, como había solicitado el Ejecutivo canario. La fórmula elegida precisa todavía de convalidación en el Congreso, donde teóricamente, y si nada cambia hasta entonces, habrá mayoría con los votos de los partidos que hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez. No obstante, antes de llegar a la Cámara baja, pasará por la Conferencia Sectorial de Infancia para buscar el apoyo de las comunidades y permitir el diálogo entre territorios.

El acuerdo hará posible la llegada a la península de unos 4.400 menores, que actualmente se encuentran en Canarias y Ceuta. Fuentes vinculadas a la negociación entre los gobiernos señalan que, además, el decreto abre la vía a que ese reparto se consolide. Una opción que pondría solución al fracaso que sufrió el año pasado, a principios de verano, el Ejecutivo central, al no lograr los apoyos -los de Junts, PP y Vox- necesarios para sacar adelante la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería.