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Cristian Reino
Barcelona
Viernes, 27 de marzo 2020, 16:06
El Ejecutivo catalán es muy crítico con la gestión que está haciendo el Gobierno de la pandemia del coronavirus, se opone a la pérdida de las competencias como consecuencia de la declaración del estado de alarma y hasta acusa a Pedro Sánchez de dejarle ... sin herramientas para luchar contra la crisis sanitaria, pero de momento no se plantea ir a las bravas y decretar una especie de sálvese quien pueda desobedeciendo las ordenes del mando único.
«Desde el Govern estamos por la colaboración y la cooperación», respondió este viernes la consejera de la Presidencia, Meritxell Budó, a la pregunta de si la desobediencia está sobre la mesa del consejo de gobierno catalán como opción política para hacer frente al coronavirus. Eso sí, desde la Generalitat avisan a Pedro Sánchez de que tiene que actuar «sin imposiciones».
A medida que aumenta el número de muertos, y en Cataluña en los últimos días el crecimiento es más pronunciado que en el resto de España, crecen las presiones desde dentro del independentismo contra Quim Torra para que desoiga al Gobierno y haga la guerra contra el coronavirus por su cuenta. La influyente Asamblea Nacional Catalana (ANC), motor movilizador del secesionismo, ha puesto en marcha toda su maquinaria para apretar al máximo a la Generalitat para que desobedezca al Gobierno central. «Es imprescindible que la Generalitat actúe de acuerdo con las recomendaciones de los expertos técnicos. Desobedeciendo si hace falta al Gobierno central», afirmó en un comunicado el pasado jueves.
El independentismo ha convertido en dogma la petición de confinamiento total para toda la población catalana. Torra amagó hace dos semanas con decidirlo por decreto, pero el Govern admitió horas después que no tiene las competencias para ello. Desde hace días, el secesionismo abona el terreno, para cuando la situación llegue al colapso, culpar al Gobierno por no haber aceptado las instrucciones de la administración catalana.
El soberanismo trata de aprovechar la crisis del coronavirus como argumento final para aumentar la nómina de independentistas, frente a un Estado que ya se presenta como responsable de la tragedia en Cataluña. La sombra del 'procés' sigue siendo alargada en Cataluña a pesar de la crisis sanitaria.
Desobedecer, no. Pero el Govern aumenta cada día la presión sobre Sánchez para que endurezca las medidas de confinamiento. Mientras el Gobierno central se plantea endurecer el confinamiento, la Generalitat instó a Pedro Sánchez a que revierta la centralización de las competencias de salud, seguridad y protección civil. Si el jueves, el Govern catalán reclamaba al Ejecutivo central que le devolviera las competencias en materia de compra de productos sanitarias, tras la adquisición por parte del Ministerio de Salud de una partida de test rápida defectuosa, este viernes elevó sus exigencias y ya pide la vuelta a la situación anterior a la entrada en vigor de la declaración del estado de alarma, prorrogado esta semana quince días más.
Entre las medidas que el Govern no puede adoptar y que querría decretar está el confinamiento total de Igualada y de los tres municipios próximos afectados por un brote muy virulento. El BOE recoge la prórroga del confinamiento de los 70.000 habitantes de la zona, pero en fase 1, no en un estadio más severo como reclama la Generalitat.
El Gobierno catalán pide soluciones a los 10.000 trabajadores de la zona que deben permanecer en sus casas, sin ir a trabajar al no poder saltarse el perímetro de confinamiento para que se les dé la baja temporal y puedan seguir cobrando sus sueldos.
El Govern celebró este viernes una reunión extraordinaria de su consejo de gobierno, en la que adoptó dos medidas en la lucha contra el coronavirus. Por un lado, anunció la paralización de todas las obras públicas que dependen de la administración autonómica. Quim Torra había recibido críticas por llevar pidiendo el confinamiento total de la población en sus casas desde hace diez días pero en cambio la construcción de obra pública se mantenía operativa. Además, la Generalitat declaró los servicios funerarios como prestación forzosa, lo que le permitirá fijar precios máximos para los enterramientos durante la vigencia del estado de alarma y garantizar que se hagan de forma continua y universal.
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