Forn trata de convencer al tribunal de que no ordenó a los Mossos facilitar el 1-O

Forn, a diferencia de Oriol Junqueras, sí que intentó defenderse. El exconsejero, que se enfrenta a una petición fiscal de 16 años de cárcel y que sí que se avino a responder a la Fiscalía y la Abogacía del Estado, intentó negar la acusación central que pesa contra él: haber puesto al cuerpo autonómico que entonces dirigía el mayor Josep Lluís Trapero al servicio del referéndum, al haber desoído las instrucciones de la Fiscalía de impedir a toda costa la votación y de haber hecho caso omiso a los requerimientos que el Constitucional le hizo para frenar los actos del procés.

El exconsejero, en esa compleja táctica de defender que estuvo a favor y en contra del referéndum al mismo tiempo, tuvo muy difícil explicar sus declaraciones más polémicas. Aquellas del 28 de septiembre de 2017 - solo días antes de la consulta y tras la reunión con el coordinador de Interior contra el referéndum, el coronel Diego Pérez de los Cobos- en las que aseguró que la Generalitat «no detendría»la consulta y que los Mossos como policía «competente» en Cataluña, priorizarían por encima de todo el mantenimiento de la «convivencia». Forn adujo que aquellas palabras eran como político pero insistió en que ordenó tajantemente a los Mossos que atendieran las instrucciones de los jueces y fiscales. «¿Qué órdenes cumplían los Mossos? ¿La de Joaquim Forn como jefe del cuerpo o la de Joaquim Forn como consejero?», llegó a preguntar con cierta sorna la abogada del Estado Rosa María Seoane.

El imputado, que arguyó que no hay solo un documento que pruebe que ordenó la inacción de los mossos, también afirmó que en las reuniones previas con el equipo de Diego Pérez de los Cobos no hubo ninguna recriminación por el dispositivo de seguridad de los Mossos para frenar el 1-O. Un despliegue, admitió, que pasaba por mandar a solo dos agentes por colegio electoral.

Aun así, según Forn, el dispositivo de los Mossos contra el referéndum fue el «mayor de la historia» del cuerpo autonómico, con 8.000 funcionarios desplegados, un operativo mayor, incluso, del que se puso en marcha tras los atentados yihadistas del 17 de agosto de 2017 en Las Ramblas y en Cambrils. Pero en cualquier caso, afirmó, era «imposible» con esa plantilla impedir la consulta. Según dijo habrían hecho falta 90.000 agentes, de acuerdo con los cálculos posteriores del Ministerio del Interior, para abortar la votación.

Forn para intentar demostrar que no hubo inacción tiró de cifras. Dijo que los Mossos impidieron la apertura o cerraron un total de 396 colegios, frente a los 106 clausurados por la Policía y la Guardia Civil.

El otro eje del discurso exculpatario del que fuera el máximo responsable político del cuerpo autonómico fue negar la violencia (condición sine qua non del delito de rebelión), tanto el día del referéndum como en el asedio a la Guardia Civil durante el registro de la sede de la Vicepresidencia el 20 de septiembrede 2017.

Sobre el asedio, y la supuesta pasividad de los Mossos para asistir a los agentes del instituto armado, Forn dijo que la Fiscalía ha hecho un «relato peliculero» de aquel episodio. Según el imputado, no hubo violencia por parte de los congregados. Para el procesado, lo ocurrido a las puertas del edificio solo fue una «expresión de protesta».

Tampoco –sostuvo Joaquim Forn- hubo violencia el 1-O por parte de la ciudadanía. Es más, que solo hubo violencia aquel día en «determinados puntos» y que aquellos brotes fueron por la «actuación errónea» de algunos cuerpos policiales, en referencia a la Policía y la Guardia Civil.