La Fiscalía pide 15 años para el exministro del Interior Fernández Díaz por espiar a Bárcenas

De forma casi simultánea a la presentación ayer del escrito de acusación de la Fiscalía, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desestimó el recurso de Podemos -al que se habían adherido el Ministerio Público, la Abogacía del Estado y el PSOE- en el que pedía la reapertura de la pieza 7 del 'caso Tándem' para imputar en ella a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal. El instructor del sumario, el juez Manuel García Castellón, ya la excluyó de la causa en julio de 2021.

En el escrito contra el antiguo ministro del Interior, la Fiscalía hace suyo el relato de García Castellón y sitúa a Fernández Díaz en el epicentro de todo el operativo de espionaje. Habría sido él quien habría ordenado a sus subordinados, la mayoría de ellos parte de lo que se conoce como 'policía patriótica', poner en marcha una investigación ilícita que se desarrolló entre julio de 2013 y julio de 2015 para conocer qué papeles comprometedores sobre el PP guardaba todavía Bárcenas. Y hasta qué punto el extesorero, en el corazón de las corruptelas que persiguen aún hoy a los populares, estaba dispuesto a tirar de la manta ante la Audiencia Nacional.

Pero, sobre todo, los imputados tenían como misión prioritaria, según el documento acustorio de la Fiscalía, recuperar los supuestos «archivos de audio correspondientes a conversaciones mantenidas con dirigentes del Partido Popular, como su presidente Mariano Rajoy o Javier Arenas, y que Luis Bárcenas Gutiérrez sugería que había grabado y que venían referidas a los hechos investigados» en el 'caso Gürtel'. Unos archivos que los investigados creían que el extesorero escondía en el estudio de restauración de su esposa, Rosalía Iglesias.

Aquellos audios, si existieron, jamás aparecieron. Pero Bárcenas amagó con airearlos hasta el mismo día en que Rajoy dejó la Moncloa en junio de 2018, precisamente por la moción de censura que perdió tras tener que declarar como testigo por 'Gürtel' y la sentencia de la Audiencia Nacional que daba por acreditada la existencia de una 'caja B' en el PP (señalamiento que tiempo después revocó el Supremo).

Según Anticorrupción, siete de los subordinados del exministro (un político y seis policías) accedieron a participar en esta trama pagada con dinero público. Exactamente a las mismas penas y los mismos cargos que Fernández Díaz, al que Anticorrupción acusa ya formalmente de los delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad, se enfrentarán sus dos hombres de confianza: Francisco Martínez, número dos entonces del ministerio en su calidad de secretario de Estado para la Seguridad (el otro político implicado); y también el número dos de la Policía en aquellos años, Eugenio Pino, el uniformado de más nivel que se sentará en el banquillo.

La Fiscalía reserva, no obstante, la imputación más severa para el excomisario José Manuel Villarejo, al que reclama 19 años de prisión, 33 de inhabilitación absoluta y 9 de inhabilitación especial por encubrimiento, malversación, delitos contra la intimidad y cohecho pasivo propio. Villarejo, según la acusación, puso su red corrupta en el seno del Cuerpo Nacional de Policía al servicio del operativo de espionaje.

Anticorrupción pide penas similares o menores para los otros tres mandos del CNP implicados en esta operación parapolicial de Interior durante el mandato del primer Gobierno de Rajoy: el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas (dos años y 6 meses de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta por encubrimiento); el excomisario Enrique García Castaño, 'El Gordo' (12 años y 6 meses de cárcel, más 28 de inhabilitación absoluta por encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad); y el excomisario y asesor de Cospedal Andrés Manuel Gómez Gordo (15 años de prisión más 48 de inhabilitación absoluta por los mismos ilícitos citados).

Sergio Javier Ríos Esgueva, el chófer de Bárcenas, al que la trama reclutó supuestamente para espiar al exdiputado del PP y al que acabó recompensado convirtiéndole de forma exprés en policía nacional, se enfrentará a una petición fiscal de 12 años, 5 meses y 15 días de prisión, más 13 años y 9 meses de inhabilitación absoluta por los delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad.

Más allá de Fernández Díaz y Martínez no se sentará ningún político en el banquillo después de que en julio de 2021 García Castellón archivara la causa contra María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, amigo desde hace décadas de Villarejo. Una decisión, la de dejar al margen a Cospedal, que ayer ratificó la Audiencia Nacional al zanjar que las «anotaciones y mensajes» aportados por elexcomisario «no son suficientes indicios de participación» en la trama de la exdirigente del PP y su esposo. Los jueces dudan de que los «audios» grabados por el comisario y aireados en los últimos meses tras la 'desimputación' de Cospedal no hayan sido manipulados.