La Fiscalía pide 31 años de prisión a Sito Miñanco y nueve al abogado de Puigdemont

La Fiscalía Antidroga ha remitido su escrito provisional de acusación al Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, después de que este órgano concluyera la investigación y propusiera, con el aval de la Sala de lo Penal, juzgar a más de 50 encausados como presuntos miembros de la organización que dirigía Sito Miñanco por presuntos delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales, entre otros.

En el escrito se ha solicitado también que se castigue con una multa de al menos 2,7 millones de euros para Boye y de más de 950 millones para Sito Miñanco, cuyo propósito era introducir y distribuir grandes cantidades de droga en el país procedente de Colombia. Para ello, contaba con una «infraestructura personal necesaria» que ya había acumulado una «experiencia criminal significativa en el negocio del narcotráfico».

Todos los acusados guardan una supuesta relación con la 'operación Mito', centrada en la red que presuntamente dirigía el narco gallego y que intentó meter sin éxito más de 4.000 kilos de cocaína en dos operativos diferentes. Un plan que fue truncado por los investigadores que le seguían la pista desde 2016, cuando se encontraba residiendo a caballo entre Málaga y Cádiz en régimen de semilibertad por otra causa.

La Fiscalía ha solicitado, además, 22 años de prisión para Luis Enrique García Arango, supuesto socio en los negocios ilegales de Sito Miñanco, y Juan Antonio Fernández, a quien aquel confiaba también los «pormenores de las distintas operaciones criminales».

En 179 folios, el Ministerio Público ha descrito que entre 2016 y 2018 la actividad principal de Sito Miñanco continuaba siendo la introducción y distribución de sustancia estupefaciente en España, pese a que se encontraba cumpliendo condena en el Centro Penitenciario de Algeciras.

En el marco de esta presunta organización, Boye, que se encuentra en libertad provisional, fue procesado por un delito de blanqueo de capitales y otro de falsedad documental por su supuesta participación en el operativo para recuperar 889.620 euros que la Policía había incautado a miembros de la organización en el aeropuerto Madrid-Barajas.

Estos «correos humanos», que llevaban el dinero oculto en una maleta para moverlo hacia Colombia, fueron detenidos en febrero de 2017. Entonces, según el relato de la magistrada instructora María Tardón, los cabecillas contactaron a Boye y a otro abogado, Jesús Morán, para que elaboraran unos documentos que justificaran el origen legal del dinero: unos pagarés con contratos de préstamos que se sospecha que eran «falsos», ya que Hacienda les avisó de que ya habían sido justificados anteriormente y que no valían para reclamaciones.

Para el Ministerio Público, «el pretendido negocio no presentaba lógica comercial alguna» y Boye «presentó dichos contratos de compraventa en el expediente administrativo a sabiendas de su falsedad y de que las operaciones reflejadas eran ficticias, con el objeto de recuperar el dinero intervenido y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico». La investigación a Boye comenzó tras la declaración voluntaria de un encausado de origen colombiano, M. A. P. S., quien situó a Sito Miñanco, a su lugarteniente colombiano García Arango y a él mismo en el despacho del abogado de origen chileno.

El dispositivo policial que destapó la 'operación Mito' en febrero de 2018 llevó a cabo las detenciones en Algeciras (Cádiz), Sevilla, Marbella (Málaga), Linares (Jaén), Madrid, Barcelona y Galicia, y se saldó con 47 registros en naves, fincas y viviendas. La causa está dirigida también contra la mujer de Sito Miñanco, el capo Ramiro Somoza o David Pérez Lago, hijastro del histórico capo gallego Laureano Oubiña. En ese operativo tres agentes, dos de ellos del Grupo Especial de Operaciones (GEO), resultaron heridos cuando entraron en una nave de un club de tiro de Alpedrete (Madrid).

Miñanco, que ha pasado más de 20 años en prisión por dos condenas de la Audiencia Nacional, estaba en régimen de semilibertad desde abril de 2015 y trabajaba como responsable de seguridad de una empresa de aparcamientos en Algeciras cuando fue detenido, propiedad de su abogado de siempre, José María Barrena.