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La ley de amnistía no será un escollo para que el Gobierno y el PP alcancen eventualmente un acuerdo que permita renovar por fin, con más de cinco años de retraso, el Consejo General del Poder Judicial. Lo afirmó este martes Alberto Núñez ... Feijóo en víspera del encuentro clave que mantendrán este miércoles en Estrasburgo el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, con el comisario de Justicia, Didier Reynders. La afirmación corrige el planteamiento deslizado la semana pasada por el negociador popular, que llegó a poner en duda su presencia en el encuentro, pero el Gobierno evita echar las campanas al vuelo.
En el Ejecutivo ya asumían hace días que el PP tendría que desdecirse ante Reynders del órdago lanzado por Pons. «No hay nada nuevo que haya afectado a esta negociación; la situación es la misma que cuando se inició», recordó este martes Bolaños. Feijóo le vino a dar la razón al admitir, en Onda Cero, que «en este caso» –a diferencia, se entiende, de lo ocurrido en 2022 con la derogación de la sedición– el Ejecutivo no le ha «engañado». «Estamos en una situación excepcional, con muchas vacantes por cubrir en el Tribunal Supremo; siendo un partido de Estado - asumió el líder de la oposición- no nos vamos a levantar de la mesa si conseguimos que el Gobierno ahonde en la independencia judicial». «Y después, recurriremos la amnistía al Constitucional», añadió.
La disposición a seguir hablando no significa que el camino esté allanado. Los populares insisten en que junto al relevo de los actuales vocales, en su mayoría conservadores, es preciso abordar un cambio en el sistema de nombramiento que otorgue mayor papel en la designación a los propios jueces. «Debemos intentar el blindaje de la independencia judicial», reiteró Feijóo. Los socialistas, por su parte, siempre se han mostrado contrarios a una fórmula que tildan de «corporativa» , como recogía la ley antes de la reforma llevada a cabo en 1985, cuando se atribuía a la judicatura la elección directa de una parte de los componentes de su órgano de gobierno.
Bolaños aun así no dio nada por imposible. «Nosotros vamos de la mano de la Comisión Europea a negociar de buena fe, a cumplir con la Constitución», aseguró en una comparecencia en Moncloa tras el Consejo de Ministros. A pesar de que la víspera el secretario de Acción Institucional del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, acusó a Pons de «boicotear la negociación» y lo tildó del «peor» interlocutor posible, fuentes gubernamentales aseguran que el dirigente popular no es «un problema» y no niegan que se estén manteniendo conversaciones al margen de este dirigente con otros cargos del PP.
Reynders también trató de no mostrarse pesimista la semana pasada. «Espero llegar a un acuerdo lo antes posible» dijo. Sin embargo, introdujo todas las cautelas al reconocer que el pacto «no es sencillo». El tiempo apremia porque cuando la Comisión accedió a involucrarse en el conflictivo diálogo entre el Gobierno y el PP, el pasado 26 de enero, lo hizo con un plazo temporal: dos meses, que coinciden con la salida del político belga del ejecutivo europeo para lanzar su candidatura al Consejo. Desde entonces se han producido dos reuniones (la de este miércoles es la tercera) sin avances conocidos.
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