Feijóo busca comprometer a Sánchez con su plan para que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos

En el documento, que Feijóo ha firmado en el Oratorio de San Felipe Neri donde se rubricó 'la Pepa', se recogen medidas que van desde la regulación del uso del Falcon, el fortalecimiento del Tribunal Constitucional impidiendo el acceso a los magistrados que hayan ocupado un cargo político en los últimos cinco años, el compromiso de limitar el uso de decretos leyes, la tipificación del delito de referéndum ilegal o la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que gobierne en cada Ayuntamiento la lista más votada. «Esta reforma garantizará que el Gobierno local no tenga que someter al pleno asuntos de naturaleza gestora, lo que deberá complementarse de un estatuto de la oposición para que no se menoscabe la labor de control al Ejecutivo local», sostiene el texto.

Desde el equipo de Feijóo subrayan que esta propuesta se hace extensiva a los Gobiernos autonómicos y al Gobierno central. Sin embargo para estos dos últimos casos, el PP promueve un pacto entre partidos porque recuerdan que «no se puede modificar por ley. Un planteamiento que forma parte de su ideario desde su liderazgo en la Xunta, que él comandó encadenando cuatro mayorías absolutas; es decir, sin tener que pactar con ninguna otra fuerza política, y que ya trató de impulsar su antecesor Mariano Rajoy.

El líder gallego pretende sacudirse así la presión de eventuales acuerdos con Vox en el futuro, que el líder de los populares quiere sortear con hegemonías en las urnas los suficientemente holgadas para evitar repetir el complicado ensayo en Castilla y León, al tiempo que intenta endosar la carga al presidente Sánchez. Un Sánchez al que interpela con las reformas en la elección del Consejo General del Poder Judicial y en el Constitucional que ya formaron parte de las frustradas negociaciones de su partido con el Gobierno para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

La última vez que Feijóo y los suyos habían aireado su propuesta recurrente para que se respete la candidatura que coseche más votos a la hora de configurar los gobiernos de ayuntamientos, autonomías y Moncloa fue a mediados de la semana pasada, cuando el PSOE de Castilla y León le retó a romper con Vox en esa comunidad a cambio de dotar al presidente, el popular Alfonso Fernández Mañueco, de la estabilidad necesaria para seguir en el poder. Génova interpretó la mano tendida como un caramelo envenenado y esgrimió ante el ofrecimiento de sus rivales la exigencia de que se permita gobernar a la lista más votada, advirtiendo a los socialistas de que no cabe que reclamen a otros lo que ellos no hacen manteniendo sus alianzas con Unidas Podemos y los independentistas.

«Ellos han presentado esta propuesta en otras ocasiones. Que piensen en la estabilidad y en qué es lo mejor para nuestro país», reiteraba la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, este mismo lunes. En la dirección nacional asumen que el PSOE dará un nuevo potrtazo a la propuesta. «Lamentablemente sabemos la respuesta del 'sanchísmo' a estas propuestas: menosprecio, falsedad y descalificación que demuestran debilidad y dependencia de sus socios», dijo Feijóo, que trata de zafarse de la pesadilla de quedar maniatado por Vox.

La propuesta de que gobierne la lista más votada se incluye dentro de las iniciativas «para un mejor Gobierno», uno de los cinclo bloque del plan institucional, donde se plantea además garantizar una comunicación más fluida y frecuente entre el presidente y el líder de la oposición; o prohibir «el uso de recursos públicos en actos de partido», medida que incluye un protocolo por el que Feijóo se compromete a limitar el uso del Falcon si llega al Ejecutivo.

Entre las medidas para «proteger la Constitución y la integridad territorial del Estado», se incluye la recuperación del delito de sedición en el Código Penal o la tipificación del delito de referéndum ilegal, propuesta que se comprometió a implementar el propio Sánchez durante la última campaña electoral. Para «garantizar las funciones del poder legislativo», el PP propone que se regule la «periodicidad» del debate del Estado de la nación o la creación de una Oficina de Calidad Democrática y Legislativa, para asegurar la calidad normativa de todas las frases de tramitación legislativa.

Otro apartado se refiere a medidas que mejoren el Poder Judicial, limitando las puertas giratorias y reforzando las exigencias de independencia en el tribunal Constitucional y en el Consejo General del Poder Judicial, y estableciendo un mandato de cinco años para el fiscal, desvinculándolo del mandato del Gobierno. En el último bloque, dedicado a actuaciones para «recuperar el prestigio de las instituciones», los populares apuestan por recuperar los «requisitos de idoneidad para los organismos reguladores» para tratar de revertir el «asalto» de Sánchez a organizaciones como el CIS, el INE, el CNI o RTVE.