Sánchez y Feijóo cierran para el viernes y en el Congreso su primera reunión entre duros reproches

Los dos grandes partidos llevaban enfrascados desde el pasado 6 de diciembre, Día de la Constitución, en un toma y daca continuo en torno a la celebración o no de su primera cita desde que el secretario general del PSOE consumó sus pactos con el independentismo y aceptó una amnistía para los encausados del 'procés' a cambio de su investidura. Sánchez anunció en esa simbólica jornada, la celebración en la Cámara baja de los 45 años de la Carta Magna, su intención de recibir a Feijóo antes de fin de año con el propósito de hablar de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pendiente desde diciembre de 2018; de la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término «disminuido», y de la financiación autonómica. Pero no lo comunicó por cauces oficiales sino en una conversación informal con periodistas; lo que ya dio pie al PP para un primer reproche.

La incomodidad de Feijóo con la propuesta fue evidente desde el inicio. Los populares asumen que el jefe del Ejecutivo pretende utilizarlos para hacerse un lavado de cara y blanquear sus polémicas cesiones al independentismo. Y una vez el gabinete del presidente se puso formalmente en contacto con ellos para ofrecer tres posibles fechas –el 18, el 22 y el 29– exigieron un orden del día por escrito para evitar sorpresas desagradables. Las críticas del Gobierno ante lo que calificaron de «excusas» y de actitud «inaudita» no tardaron en llegar. «Si el presidente del Gobierno te llama, se va», llegó a recriminar el domingo en un acto del PSdG la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

Sánchez achacó este martes a la frustración de no haber logrado el Gobierno que daba por asegurado antes del 23 de julio las evasivas de Feijóo. Lo hizo en otra charla informal con periodistas, en este caso en la tradicional copa de Navidad en el Palacio de la Moncloa, pero tenía previsto decírselo al propio líder del PP a la cara en el Congreso en la sesión parlamentaria de ayer. Y, de hecho, lo hizo porque no le dio tiempo a cambiar el discurso que llevaba escrito. Para entonces, los populares ya habían hecho pública una carta de esa misma mañana en la que su líder manifestaba su disponibilidad para el día 22 (el 18 ya pasó y el 29 tenía el inconveniente de ser solo un día después de la moción de censura con la que los socialistas auparán a Bildu a la alcaldía de Pamplona) y proponía un orden del día.

Los temas planteados por el PP son: la «igualdad de los españoles y el respeto al Estado de Derecho» en relación a la ley de amnistía; el «deterioro institucional», por los reveses judiciales a los nombramientos en el Consejo de Estado y por parte del Fiscal General; la «despolitización de los medios de comunicación públicos, RTVE y EFE»; «medidas para garantizar la independencia judicial»; «defensa del Poder Judicial frente al acoso por parte de los socios del Gobierno», e información sobre las negociaciones con el independentismo «en Ginebra».

En principio, el Gobierno acepta todo. Retador, aun con el guion anterior, Sánchez ya se había pillado los dedos en público: «Diálogo como quiera, como quiera, sobre lo que quiera y donde quiera; pero diálogo y no berrinche –espetó–. Le traslado la voluntad el Gobierno de llegar a acuerdos de Estado por el bien del país». Feijóo replicó: «¿Como quiera? Sin mediador. ¿Donde quiera? En Ginebra, no, en el Congreso de los Diputados. ¿Cuándo? El próximo viernes. ¿Cómo? Sin soberbia, sin imposiciones y con un orden del día oficial».

En el Ejecutivo no niegan que negarse a ir a la Moncloa es una manera de hacer de menos a Sánchez. El presidente afeó, de hecho, la exigencia y la tildó de «inédita en la historia de la democracia» pero en su entorno alegan que es el PP el que queda mal con una «actitud infantil» y que lo importante es que han «hincado la rodilla» y habrá reunión. Que de ella pueda derivarse algún acuerdo es harina de otro costal. La desconfianza, no solo entre los líderes, sino entre sus equipos es enorme; los populares ya han dejado claro que no renovarán el CGPJ si no se cambia al tiempo la ley para que los propios jueces tengan voto directo en la designación de vocales; exigen un compromiso de los socios del Gobierno de que la reforma del artículo 49 de la Carta Magna no se usará para abrir otros melones, y defienden que el órgano competente para hablar de la financiación autonómica es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que están representadas todas las comunidades y el Gobierno.