Exjueces del Supremo se querellan contra el rey emérito por cinco delitos fiscales

La querella firmado por antiguos jueces del Supremo como Clemente Auger y José Antonio Martín Pallín, o fiscales también retirados como Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, sostiene que el "rey honorífico" no regularizó correctamente su situación fiscal cuando le fueron notificadas en dos ocasiones las investigaciones abiertas por la Fiscalía del Supremo en junio y noviembre de 2020. Unas diligencias preprocesales que comenzaron a raíz de las revelaciones que su examante Corinna Larsen realizó al comisario jubilado José Manuel Villarejo sobre el presunto cobro de comisiones irregulares en la adjudicación de las obras del AVE saudí, realizada por un conglomerado de empresas españolas.

Para los querellantes, los delitos fiscales se habrían cometido entre los ejercicios 2014 a 2018, cuando el anterior monarca perdió la inviolabilidad tras ceder el trono a su hijo Felipe VI el 19 de junio de 2014. La Fiscalía del Supremo, por decreto de 2 de marzo de 2022, decretó el archivo de las citadas diligencias al considerar que las dos regularizaciones fiscales que hizo Juan Carlos I, valoradas en 5,1 millones, eliminaron cualquier responsabilidad penal derivada de estos hechos. Sin embargo, los denunciantes centran su escrito en que el afectado conoció previamente que le estaban investigando por asuntos de "relevancia tributaria" y esto motivó su actuación ante Hacienda antes de que fuera formalmente denunciado ante la Justicia.

Por lo tanto, la querella pone el acento en que la defensa del rey emérito conoció de antemano el motivo genérico de las diligencias de la Fiscalía y, por lo tanto, su regularización debería haber quedado si efecto ya que "no se ajustó a la legalidad" que marca la normativa tributaria. Es decir, dudan de la tarea que hicieron en su momento los peritos de la Agencia Tributaria asignados al caso por el entonces jefe de la AEAT Jesús Gascón (hoy secretario de Estado de Hacienda y mano derecha de la ministra María Jesús Montero), quienes consideraron que la misma fue "espontánea y veraz".

En el escrito se piden además una serie de diligencias como la declaración de Juan Carlos I (podría hacerla por videoconferencia desde su residencia en Abu Dabi) y la testifical de personas físicas, como su familiar Álvaro de Orleans Borbón (responsable de la fundación Zagatka, que hizo pagos al anterior jefe del Estado para servicios personales), el contable suizo Arturo Fasana, el abogado del mismo país Dante Canónica, el abogado del emérito Javier Sánchez-Junco o el militar y asistente personal del exmonarca Nicolás Muga.

La querella recuerda que al haber utilizado el emérito fundaciones (Zagatka o Lucum) con sedes en Liechtenstein y en Suiza se entiende que construyó un entramado "para ocultar o dificultar la determinación de la cuantía defraudada", por lo que se está ante la modalidad agravada del delito que establece penas de dos a seis años de cárcel por cada uno de los ilícitos y ubica la prescripción a los diez años.

El escrito detalla que las dos regularizaciones fiscales se realizaron por el supuesto uso de tarjetas de crédito vinculadas a fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause por parte del rey emérito y alguno de sus nietos, por el supuesto cobro de comisiones ilegales en las obras del AVE a La Meca o los pagos de viajes y estancias hoteleras a título privado realizados por su primo Álvaro de Orleans.

Los letrados recalcan que la Fiscalía notificó en dos ocasiones en 2020 que estaba siendo investigado por posibles delitos contra la Hacienda Pública y que Juan Carlos I realizó acto seguido dos regularizaciones fiscales: una de 678.393 euros en diciembre de 2020 y otra de 4.395.901 euros en febrero de 2021 (incluyendo 871.851,24 euros de intereses de demora y recargos).

La cuestión, en definitiva, se centra en determinar si tal reconocimiento y pago se produjo antes de que el Ministerio Fiscal o el juez de instrucción hubieran realizado actuaciones que hubiesen permitido al contribuyente tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.

Además de los citados magistrados y fiscales jubilados, los querellantes son el filósofo y escritor Santiago Alba Rico; la periodista y traductora Pilar del Río; el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo; el periodista, filósofo y escritor Josep Ramoneda; los juristas y profesores de Derecho Constitucional Blanca Rodríguez Ruiz y Joaquín Urías; el abogado Eduardo Ranz o el periodista Miguel Mora, director de Contexto.