La ministra de Sanidad no tenía otra salida que la de dimitir después de que a las sospechas de que recibió un trato de favor por parte de la Universidad Rey Juan Carlos se sumaran ayer nuevas sombras de irregularidades sobre el máster que ... cursó en ella. Carmen Montón se vio forzada a cesar anoche en sus funciones tras desvelarse que 19 de los 52 folios de su trabajo fin de máster eran en realidad un burdo plagio de documentos de acceso público colgados en Internet. Sus exhaustivas declaraciones previas ya habían sido notoriamente insuficientes para explicar la manipulación del expediente académico de su máster meses después de que finalizara el curso, de forma que le fue aprobada al menos una asignatura en la que constaba como «no presentado». El ejercicio de un cargo público ha de llevar implícita la máxima ejemplaridad. Así lo exigen tanto la dignidad de las instituciones como el respeto a los ciudadanos que las sostienen con sus impuestos. Ese principio es de aplicación general. Pero ha de ser observado con especial diligencia cuando se trata de un Gobierno surgido de una moción de censura que tuvo su origen en la sucesión de escándalos de corrupción en el partido que le precedió en el poder. Pedro Sánchez ha gestionado con singular torpeza una crisis que le deja tocado. Resulta inexplicable que, en un acto de ingenuidad o de prepotencia, ignorara los indicios que se acumulaban en torno a su ministra y la ratificara en el cargo ayer por la tarde, cuando la presión sobre ella ya era difícilmente sostenible. «Está haciendo un extraordinario trabajo y lo va a seguir haciendo», proclamó con aparente firmeza en el Senado tras colmar de elogios su trabajo, como si ignorara que Carmen Montón estaba en el disparadero no por su gestión, sino por un comportamiento ético incompatible con el listón moral que han marcado el Ejecutivo al que pertenecía y su propio partido. Horas después tuvo que dejarla caer al conocerse el 'copia y pega' de su trabajo fin de máster. Es el segundo ministro que pierde Sánchez en apenas 100 días en el poder. El anterior, Máxim Huerta, se vio obligado a dimitir tras conocerse que había cometido un fraude fiscal. El Gobierno se ha dejado jirones de prestigio en este caso, que se puede volver en contra del liderazgo de Pablo Casado en el PP si el Tribunal Supremo ve finalmente indicios de delito en su máster en la misma universidad.
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La Diada congregó ayer a cientos de miles de personas bajo el lema 'Hagamos la república catalana', aunque el motivo que les reunió no fue tanto la independencia como la solidaridad sentida hacia los políticos presos a causa del 1-O. El secesionismo ha recurrido en los últimos años al desarrollo de un esquema identitario y reduccionista de la pluralidad de su país para asegurar su propia unidad sobre la negación de la existencia de los otros catalanes. La movilización de ayer fue el colofón de esa estrategia instintiva. Los catalanes no pudieron celebrar ayer su fiesta colectiva, reivindicativa, más que como adhesión a la independencia; y ello, a través de los sentimientos generados por el encarcelamiento de dirigentes del 'procés'. La protesta contenía un mensaje dentro de otro: no hay manera de solucionar la crisis catalana sin la previa absolución de los procesados por el 1-O; y no hay más salida para esa crisis que la aceptación de una república propia. En otros términos, venía a decir que si los procesados continúan en prisión y resultan condenados, la Generalitat volverá a declarar unilateralmente la independencia. El victimismo independentista amenaza con volver a las andadas haciendo bandera de sus presos.
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