editorial: Un juicio total

El juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra diez exresponsables de la Generalitat catalana y dos líderes independentistas, acusados de haber cometido delitos de rebelión y desobediencia entre otros, contó ayer con el testimonio de algunas de las personas que más relevancia política tenían en aquellos momentos. La presencia en calidad de testigos de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Cristóbal Montoro, Artur Mas y Marta Pascal permitió completar el relato de acontecimientos al que habían procedido los acusados en las jornadas anteriores.

La sesión de ayer confirmó que la calificación acusatoria de rebelión, por parte de la Fiscalía y la acción popular ejercida por Vox, precisará de pruebas inequívocas que demuestren el empleo deliberado de violencia física o coactiva. O, en su defecto, certifiquen una clara consciencia por parte de los promotores del referéndum ilegal de que su iniciativa desembocaría en tales hechos violentos, o la constancia de instrucciones para que los Mossos d'Esquadra eludieran sus funciones como policía judicial y llegaran a impedir el cumplimiento de las resoluciones judiciales por parte de otros cuerpos policiales.

Tras todo ello las acusaciones deberán atestiguar, además, que los encausados fueron partícipes directos de ese estado de violencia sujeto a prueba. Las defensas trataron de conducir ayer a Rajoy y Sáenz de Santamaría hacia el reconocimiento de que no previeron una situación de violencia, de que no percibieron en los acontecimientos un supuesto de rebelión; de que la aplicación final del 155 no presuponía la concurrencia de tal tipo penal, sino todo lo contrario. Quedó en el aire la sensación de que nadie se hacía cargo de lo ocurrido.

Sin embargo, la tipificación penal de desobediencia pareció abrirse paso definitivamente, cuando tras la declaración continuada de los acusados de que habían confrontado sus convicciones democráticas a favor del referéndum con las resoluciones del Tribunal Constitucional, inclinándose hacia las primeras, Rajoy y su exvicepresidenta afirmaron de manera convincente que advirtieron en todo momento a los responsables de la Generalitat de que no cabía sortear ni la Carta Magna ni la legalidad vigente, y que por ello tal cuestión no podía ser objeto de diálogo alguno entre poderes del Estado.

La sesión vino a corroborar que, aunque no tuviera efectos jurídicos, la declaración unilateral de independencia no fue precisamente un gesto simbólico porque respondía al objetivo extra-jurídico de alentar la sensación, mediante hechos consumados, de una Cataluña independiente.