Una destructiva dana arrasa Valencia y causa 223 muertos 

La vida se truncó de golpe en la tarde-noche del 29 de octubre. Para l as víctimas, para los supervivientes y para todo un país que, golpeado como boxeador en el ring, volvió la mirada hacia la Comunidad Valenciana y contempló la tragedia. Impotente, desconsolado, triste. Los coches que horas antes se dejaron aparcados ya no estaban; el bar donde por la mañana se tomaba el café o la cerveza de mediodía en tertulia con los conocidos había desaparecido; muchos vecinos, amigos o familiares se habían ido, algunos para siempre, arrastrados por un diluvio apocalíptico. Al alba, los ojos acongojados y vidriosos solo podían contemplar lo más parecido a lo que el poeta italiano Dante Alighieri hubiera imaginado para su poco divino 'Infierno'.

Ese fatídico día 29 había amanecido con alerta roja meteorológica –el nivel máximo– por precipitaciones extremas en la provincia de Valencia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) venía avanzando desde días antes la probable formación en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Andalucía de una depresión aislada en niveles altos, la conocida para siempre como dana –la popularmente llamada 'gota fría'–. Y sus peores previsiones para ese martes de otoño se vieron muy superadas.

Desde la madrugada y hasta entrada la noche, las fortísimas trombas de agua caídas en las cabeceras y zonas intermedias del río Magro y de la rambla del Poyo, en el interior de la provincia levantina, fueron generando unas gigantescas riadas en sus respectivos cauces tan inimaginables como imparables. Tan torrencial fue la lluvia que se batió el récord absoluto de litros por metro cuadrado caídos en una hora en España, con 184,6 recogidos en Turís, y 771,8 litros en 24 horas.

La fuerza de la avenida de hasta 2.000 metros cúbicos por segundo (m³/s) sorprendió a la vega valenciana del Magro, incapaz de asumir tanta agua. En las localidades de Utiel y Requena, el río se desbordó con mortales consecuencias. Desde ahí, arrasó con todo lo que encontró, abriéndose paso hacia abajo hasta el embalse de Forata, donde la repentina y descomunal crecida llegó a colmarlo con 39 hectómetros cúbicos (más que su capacidad máxima, que es de 37), hizo temer por la resistencia de la presa y le obligó a desaguar (liberó por momentos caudales de hasta 1.100 m³/s) para evitar su ruptura y la devastación que se hubiera multiplicado hasta el infinito aguas abajo. Pero ese desembalse, comunicado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat valenciana, no hizo sino dilatar los cauces del Magro y del río Júcar, del que el primero es afluente, y agravar la situación.

Paralelamente, la dana descargaba con toda su energía sobre la rambla del Poyo. Los extraordinarios aguaceros –en Chiva se llegaron a recoger 615 litros por metro cuadrado en 24 horas– generaron una crecida relámpago en el barranco, con un caudal punta de hasta 2.282 metros cúbicos por segundo, según la CHJ –cinco veces el caudal medio del río Ebro a su paso por Zaragoza–, que fue liquidando y asolando todo lo que halló y se interpuso en su camino hacia la Albufera por el sur del área metropolitana de la capital valenciana.

Chiva, Aldaia, Torrent, Paiporta, Benetússer, Alfafar, Picanya, Algemesí, Cheste, Sedaví, Massanassa, Picassent, Catarroja, Alcudia, Vilamarxant, las citadas Utiel y Requena... Así hasta setenta y cinco localidades se vieron sorprendidas y quedaron literalmente arrasadas, inundadas y tomadas por el lodo, los escombros y el desastre. La fuerza del agua se llevó por delante decenas de miles de vehículos cual corchos flotantes a la deriva (unos 120.0000, calculó la DGT); destruyó o inhabilitó más de 100.000 inmuebles entre viviendas (60.000, de las cuales varios miles quedaron destrozadas por completo) y locales comerciales, con muebles, enseres y recuerdos arrancados por las garras de la implacable riada; inutilizó centros educativos y deportivos, que quedaron impracticables y con miles de estudiantes sin clases; dejó sin suministro eléctrico al menos a 155.000 personas, a muchas durante bastantes días; más de 5.300 empresas industriales se vieron afectadas y paralizadas, igual que miles de trabajadores y autónomos. Destrozó puentes, viaductos y kilómetros de carreteras nacionales y locales, cortó comunicaciones terrestres y aisló poblaciones, a las que se hizo imposible acceder en los primeros días tras la catástrofe; paralizó el tráfico aéreo y ferroviario y hasta levantó tramos de raíles en algunas líneas de Cercanías; afectó a unas 50.000 hectáreas de tierras cultivadas y arruinó las cosechas pendientes de recolectar de cítricos, hortalizas... Los daños podrían alcanzar los 20.000 millones de euros, según algunas estimaciones.

Y también se llevó vidas. 223 personas, según el recuento oficial, murieron solo en las localidades valencianas afectadas y otras tres seguían aún desaparecidas. Unas perecieron arrastradas por el agua y el fango en la calle; otras, atrapadas dentro de sus vehículos, zarandeados sin control por el aluvión; la mayoría, más de la mitad, por traumatismos o ahogadas sin posibilidad de escapatoria dentro de sus propios domicilios, garajes o sótanos. Hubo también 2.641 heridos y más de 800.000 personas afectadas.

Como suceso indirecto, un obrero que realizaba tareas de limpieza murió casi un mes después por el derrumbe del techo de una escuela de la localidad de Massanassa dañada por las inundaciones.

Igualmente, la dana más destructiva en España en las últimas décadas y las posteriores inundaciones dejaron esa jornada de octubre otras ocho víctimas mortales e ingentes daños materiales en localidades de Castilla-La Mancha (siete muertos) y Andalucía (un fallecido). En la localidad albaceteña de Letur, el arroyo homónimo que la rodea se desbordó por la tromba de agua caída y una gigantesca riada arrasó el casco antiguo del pueblo anegando y devastando viviendas. Seis vecinos de este pequeño municipio de la Sierra del Segura fueron arrastrados por la riada y localizados sin vida días después.

También el pueblo de Mira, en Cuenca, fue uno de los más perjudicados por las lluvias torrenciales, que dejaron una estela de destrucción. En él, una mujer murió atrapada en su propia casa.

En Andalucía, un hombre de 71 años con dificultades de movilidad murió en un hospital de Málaga, donde fue trasladado tras ser rescatado de su vivienda tomada por el agua en Alhaurín de la Torre, localidad que se llevó la peor parte de la DANA en la comunidad andaluza, donde también Cádiz, Jerez, Granada y Almería soportaron inundaciones.

Algo falló aquel día para que la 'gota fría', a la que la Comunidad Valenciana no suele ser ajena algunos otoños, culminara con semejantes pérdidas humanas. Apenas unas horas antes de que se consumara la tragedia, a media tarde de ese 29 de octubre, y tras los diversos avisos comunicados por la Confederación Hidrográfica del Júcar, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat valenciana emitió una alerta hidrológica a los municipios ribereños de los ríos Magro y Júcar ante el aumento del caudal por el desembalse en Forata. Pero para entonces el agua de las fuertes precipitaciones ya estaba inundando pueblos y carreteras, atrapando en esa ratonera a miles de residentes y conductores.

Además, la alerta general a la población se dio tarde. No fue hasta las 20:11 horas cuando sonó estridente en los teléfonos móviles de los valencianos, cuando las inundaciones ya habían arrasado la provincia, dejando desaparecidos y miles de damnificados. Aunque la inabarcable destrucción material hubiese sido difícilmente evitable, esa tardanza sí pudo impedir a muchos ciudadanos ponerse a salvo.

De hecho, desde las primeras inundaciones, antes incluso de recibir la orden oficial de actuar, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) –con los días se movilizarían hasta cinco batallones– intervinieron en Utiel y Requena para rescatar a personas a las que la fuerte riada estaba a punto de arrastrar. Otros numerosos habitantes de las comarcas anegadas quedaron atrapados en sus viviendas o sus coches y sobrevivieron esa noche esperando durante horas hasta ser rescatados de las azoteas de inmuebles o en lo alto de los vehículos u otros elementos donde se habían encaramado.

Entretanto, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón (PP), que debería haber coordinado desde los primeros instantes la gestión de la emergencia de Protección Civil, hizo una lectura errónea de la alerta roja y las posibles consecuencias de la dana, mantuvo su agenda como si nada ocurriera e incluso estuvo 'desaparecido' celebrando una comida durante las primeras horas de la tragedia. En su ausencia, Salomé Pradas, consejera de Interior y Justicia y máxima responsable del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi, el órgano que reúne y coordina a los cuerpos autonómicos y estatales de emergencias), no supo actuar con la determinación y agilidad que correspondía en momento tan crítico y los acontecimientos superaron la capacidad de respuesta del Ejecutivo valenciano.

Tras esa noche fatídica del 29 al 30 de octubre, sin luz, sin comunicaciones telefónicas ni digitales, sin alimentos y sin agua, miles de sobrevivientes descubrieron, en un abrir y cerrar de ojos, que lo habían perdido todo, absolutamente todo. Numerosos habitantes de los pueblos afectados, incluso, se encontraron durante días sin siquiera una cama donde dormir. Y sin otro futuro inmediato que el de achicar agua, retirar barro, auxiliarse entre ellos y llorar de impotencia y desesperación.

Pero las imágenes casi bélicas de destrucción material, de amasijos de coches apilados en las calles a modo de desguace impidiendo la movilidad y los rescates de vecinos atrapados, de pueblos sumergidos literalmente en el lodo, pronto dieron paso a otra gigantesca ola, la de la ingente solidaridad de todos los españoles.

Ante la descoordinación institucional para dar una respuesta urgente al drama generalizado, faltó tiempo para que la propia ciudadanía reaccionara. Rápidamente, miles de voluntarios llegados de todo el país se movilizaron durante días, en medio del barrizal, para llevar alimentos a los damnificados, auxiliarlos y ayudar en la retirada de lodo y escombros, en colaboración con bomberos y agentes locales y de Protección Civil. Lo hicieron antes incluso del despliegue tardío de efectivos de las Fuerzas Armadas (8.500 en total intervinieron para ayudar a la población, incluidos 2.103 de la UME), la Policía Nacional (4.438 agentes) y de la Guardia Civil (5.290). A ellos se sumarían también bomberos y otros voluntarios de Protección Civil, algunos desplazados desde Valladolid y otras provincias de Castilla y León.

Esa demora de varios días en la llegada masiva al auxilio de los efectivos oficiales, salvo la UME, provocó entre las miles de familias afectadas un inmenso sentimiento de frustración, orfandad y desamparo. Un abandono del que culparon principalmente a la Administración autonómica, pero también a la central, por la descoordinación entre ambas para intervenir en la emergencia.

La solidaridad se convirtió también en una movilización general de innumerables ciudades, pueblos, asociaciones, colectivos, ONG (Cruz Roja, Cáritas...) y empresas para la recogida de donaciones, especialmente alimentos de primera necesidad, víveres, productos de higiene y sanitarios, medicamentos, ropa y materiales de todo tipo para la limpieza de calles, viviendas y locales comerciales. Todo ello fue trasladado a los lugares devastados para su distribución entre los damnificados.

Pero la tragedia también dio pie al pillaje. A las graves consecuencias de la riada se sumó la insolidaridad de los saqueadores que, en esa coyuntura, se dedicaron a robar en supermercados, comercios, farmacias y hasta joyerías. Y no precisamente alimentos u objetos de primera necesidad. Casi 500 delincuentes (493, según el dato oficial) fueron detenidos después de las inundaciones en actos de pillaje por las fuerzas de seguridad. Y, para muchos de ellos, la Fiscalía de Valencia pidió prisión preventiva por la gravedad y el sumo desprecio de sus acciones en mitad del desastre.

Grave y despreciable fue también lo que se vivió en el terreno político inmediatamente después y en los días siguientes a la devastación. Lejos de unir a los dirigentes para implementar soluciones de urgencia ante el caos y fijar en el centro de gravedad a las personas afectadas, la calamidad enfrentó a la Generalitat y el Gobierno central, empecinados cada uno en endosar al adversario la culpabilidad por la ineficaz intervención ante la crisis. Y ahí, la imagen de los políticos quedó de nuevo embarrada en la desvergüenza de su propio lodazal.

La dirección de las actuaciones ante la emergencia estaba en manos del Consell de Carlos Mazón. Pero desde la Generalitat primero se infravaloró la alerta roja de la Aemet, luego se reaccionó tarde ante la dana y, consumado el desastre, el presidente valenciano, aparentemente superado, prefirió mantener bajo su mando la coordinación del operativo en lugar de pasarle las riendas del mismo al Ministerio del Interior para que  centralizara la respuesta y movilizara al instante todos los medios disponibles. Tampoco el Gobierno central, como pudo hacer, quiso decretar por sí mismo la emergencia nacional, que le hubiera obligado a asumir ese papel.

Señalado por no estar desde el principio coordinando la situación y por su negligente manejo de la alerta meteorológica, desde toda la oposición, e incluso en manifestaciones ciudadanas, exigieron al líder valenciano su dimisión. El 15 de noviembre, casi veinte días después de la hecatombe, Mazón intervino en las Cortes valencianas y, lejos de asumir responsabilidades, acusó de los fallos en la gestión de la crisis «al sistema en sí». Aunque admitió «errores», descartó dimitir y repartió culpas hacia la Administración central por la demora en desplegar el Ejército con todo su potencial más allá de la Unidad Militar de Emergencias. Acusó además a la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido entonces por la ministra Teresa Ribera, de no avisar a tiempo del riesgo que se avecinaba.

Pocos días después, Mazón remodeló su Gobierno, fichó al teniente general en la reserva Francisco José Gan Pampols y creó para él una vicepresidencia dedicada exclusivamente a la reconstrucción de las zonas afectadas.

Desde el Gobierno central, Pedro Sánchez admitió que la respuesta de los poderes públicos inicialmente no había sido «suficiente», pero tanto él como sus adláteres descargaron en los dirigentes autonómicos toda la responsabilidad por la descoordinación en el operativo. También comprometió todo el apoyo necesario para colaborar en la recuperación de las comarcas arrasadas. Para ello, el Ejecutivo central aprobó tres paquetes de ayudas para los damnificados que suman 16.600 millones de euros, la mayoría a fondo perdido y algo más de una tercera parte, 6.000 millones, en avales a devolver sin intereses. La Generalitat aportó otros 400 millones de euros en ayudas directas. Pero ese dinero parece estar llegando con cuentagotas, para indignación de los afectados.

Pese a todo, la realidad es que el impacto de la catástrofe sigue activo y seguirá así durante mucho tiempo, con los damnificados necesitados de apoyo psicológico y tratando de buscar, entre la desolación, la angustia y la rabia, una normalidad imposible; que ambas administraciones, la autonómica y la central, evidenciaron su desencuentro y la frialdad de su forzosa colaboración ante la catástrofe; y que el eco de las voces airadas de quienes han perdido a sus seres queridos y se han quedado con lo puesto y en la ruina permanece hoy y permanecerá mientras dure una reconstrucción que se antoja difícil y lejana.

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