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Manuel Marchena ya prepara la mudanza, pero no se moverá del Tribunal Supremo. El magistrado canario, que en pocos días abandonará la presidencia de la Sala Segunda tras diez años en el cargo, limpia poco a poco su despacho de libros, apuntes y objetos personales. ... El ponente de la histórica sentencia del 'procés' tiene previsto trasladar sus pertenencias a otra estancia más pequeña, la que ocupaba su colega Miguel Colmenero, ya jubilado, en la cuarta planta del edificio judicial. Un antiguo palacio real del siglo XVIII ubicado en la plaza Villa de París de Madrid. Una sede que Marchena conoce como la palma de su mano, hasta el punto de fotografiar sus recovecos al compás de la música clásica en su tradicional reportaje audiovisual para felicitar cada Navidad.
A sus 65 años, a este hijo de un capitán legionario aún le quedan siete para la jubilación forzosa. Un periplo que espera recorrer con la misma diligencia y responsabilidad que le han caracterizado hasta la fecha. Como le gusta transmitir, seguirá «en el andamio», al pie del cañón, pese a que no le han faltado guiños durante los últimos meses para pasarse al sector privado. En la actualidad ocupa el séptimo puesto en el escalafón de la carrera. El número de algunos de sus grandes ídolos futbolísticos, también de su Real Madrid. «Su creencia en la actividad pública es infinita; ha tenido grandes ofertas privadas encima de la mesa, excelentes contratos, pero en la vida no todo es dinero», justifican desde su entorno.
Este viernes, 5 de diciembre, ha sido el último día en su despacho. Cumple, así, una década al frente de la Sala Segunda del alto tribunal. La última instancia penal del ordenamiento jurídico español y la responsable, entre otros muchos asuntos, de juzgar a los cargos públicos aforados. Una de sus últimas resoluciones como presidente ha sido precisamente la apertura de una causa al exministro socialista José Luis Ábalos por su «papel principal» en el 'caso Koldo'.
Convertido por méritos propios en un tótem supremo, este doctor en Derecho educado en los jesuitas de Las Palmas y licenciado en la Universidad de Deusto de Bilbao tomó hace algún tiempo la decisión de abandonar las funciones gubernativas del cargo. Concluyó que su ciclo ya estaba amortizado, pese a las dudas iniciales de si podía optar a un tercer mandato de un lustro.
Fiscal reconvertido en magistrado –fue el más joven en llegar al Supremo con tan solo 48 años–, en su abrumador legado como presidente han quedado varios hitos tatuados en la piel del alto tribunal. El caso más mediático y relevante fue la dirección del juicio del 'procés'. En la hemeroteca quedaron sus recordadas frases a los comparecientes: «Vamos a ver, no empezamos bien», «No es un buen camino ese» o «¿Podría decirnos cuánto va a tardar como referencia inspiradora?». Pero por encima de todo están las 493 páginas de la sentencia conocida en octubre de 2019, escrita de su puño y letra en menos de cuatro meses. Es su gran obra, que construyó con la unanimidad de sus seis compañeros de la sala.
Esta búsqueda del consenso ha sido una constante en su mandato. De ahí que un fallo con este respaldo ha sido defendido por Marchena hasta las últimas consecuencias, incluso yendo más allá de lo esperado debido a las interferencias de la política para borrarla de un plumazo con la aprobación de la ley de amnistía. La norma que sostiene al Gobierno de coalición tras el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez de los partidos independentistas.
Pero lejos de la «ensoñación» que supuso la intentona separatista en Cataluña en otoño de 2017, base de la condena por delitos de sedición y malversación de caudales públicos contra sus líderes, la década prodigiosa que ha marcado su mandato tiene mucho de realidad. Solo dos ejemplos. Fue ponente de la sentencia que avaló que la llamada 'lista Falciani' fuera prueba válida para una condena por delito fiscal en España. Y cortó de raíz el intento del seudosindicato Manos Limpias de investigar el llamado 'informe PISA' contra el entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ahora se investiga en la Audiencia Nacional dentro de un caso de espionaje a la formación morada por parte de la denominada 'policía patriótica'.
Marchena suele transmitir que no lee más prensa de la necesaria y que está vacunado contra lo que se ha dicho de él, que no es poco. Dedica parte de su tiempo libre a la actividad docente, autorizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es profesor en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef), perteneciente a la Asociación Española de la Banca, y lleva tiempo impartiendo clases magistrales sobre la repercusión de la inteligencia artificial en el Derecho Penal. La otra parte la emplea entre libros, música y natación. Sin olvidar a su familia: tiene dos hijos, uno abogado y la pequeña, fiscal.
Para quienes lo aprecian, Manolo (así lo llaman) ha demostrado en esta década al frente de la Sala Segunda ser uno de los grandes juristas del país. Un ejemplo de decencia y consenso con esa doble visión de fiscal y juez, de quien acusa y defiende y el que resuelve. Aunque no le faltan tampoco detractores, sobre todo a raíz de la sentencia del 'procés' y su celo para salvaguardarla frente a las interferencias de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Pero su esencia como jurista quedó reflejada en una carta escrita el 20 de noviembre de 2018, un día después de que se conociera un polémico mensaje del senador popular Ignacio Cosidó que ponía en duda su imparcialidad para presidir el CGPJ, tras el acuerdo entonces entre PP y PSOE. «Mi trayectoria ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional», defendió Marchena. Su sonada renuncia tuvo una doble consecuencia: el magistrado decidió seguir «en el andamio» y presidir el juicio del 'procés', mientras que el Consejo se sumió en un bloqueo que ha durado cinco años y medio. El 5 de diciembre cierra una etapa que ha marcado la reciente historia judicial española.
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