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Rocío Romero
Badajoz
Miércoles, 29 de enero 2025, 12:10
La defensa judicial del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, pide al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz que declare nula de pleno derecho la providencia dictada por su titular el 20 de enero.
En ese escrito, la jueza Beatriz Biedma ... solicita a la Diputación de Badajoz toda la información sobre los contratos de otros dos empleados provinciales, Luis Carrero y Ángel Seco, así como los relativos a Javier González Pereira, quien pertenece a la Sociedad Filarmónica de Badajoz.
Como se ha informado, Luis Carrero y Ángel Seco fueron nombrados por el propio David Sánchez durante su interrogatorio el pasado 9 de enero como las personas que colaboran con él en la Oficina de Artes Escénicas. También aparecen ambos en algunos de los correos electrónicos incautados por la UCO en la cuenta corporativa de David Sánchez.
De hecho, la jueza preguntó por uno de esos correos en el que Carrero se dirigía al hermano del presidente del Gobierno como 'querido hermanito', y hablaban sobre un proyecto de ópera con el que optaron sin éxito a fondos europeos para su desarrollo.
Un año después de ese mensaje, Luis Carrero, que entonces trabajaba en la Moncloa, fue el único en concurrir a una convocatoria de trabajo en la Diputación de Badajoz, donde tiene su empleo actualmente con una comisión de servicio que termina el próximo 31 de diciembre. Su puesto es jefe de sección de coordinación de centros y programas de actividades transfronterizas en el área de Cultura.
Ahora, la defensa de David Sánchez, ejercida por Emilio Cortés, presenta un recurso de reforma contra la providencia del 20 de enero que pone la lupa sobre su contrato. En este recurso desgrana los motivos por los que considera que esa última decisión de la jueza debe ser declarada nula de pleno derecho. Entiende que no existen «indicios de criminalidad» que apunten a la necesidad de extender la investigación, que considera «con carácter prospectivo». «No concurriendo indicios que justifiquen la procedencia de esas diligencias, procede revocarlas», argumenta Cortés.
En el caso de que la jueza desestime este primer punto, el abogado plantea «inobservancia del artículo 579 bis de la Ley de Enjuiciamiento criminal». Hace referencia a que el atestado de la UCO que analiza los correos electrónicos incautados este verano, que sirvió a la jueza para citar como imputados a David Sánchez, al presidente de la Diputación y secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y a otras siete personas, no hacía mención a los otros trabajadores a los que la jueza apunta ahora en su decisión del 20 de enero.
Cortés cita la jurisprudencia sentada por el caso Naseiro en 1992 para argumentar que la jueza «no ha ordenado la preceptiva deducción de testimonio ni tampoco verificado el resto de servidumbres legislativas tendentes a la salvaguarda de los derechos subjetivos de los indagados por este cauce vía elíptica e infundada».
Por todo ello, la defensa de David Sánchez suplica a la jueza Biedma que acuerde «la nulidad de la providencia y dicte otra resolución con forma de auto por la que se declare la improcedencia de las diligencias de investigación por no concurrir los indicios de criminalidad referentes a los episodios que describe o, alternativamente, de entender que es así, se deduzca testimonio de los implicados en los términos que recoge el artículo 579 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal». Es decir, que se abra una causa distinta en otro juzgado.
Además de pedir a la Diputación la documentación sobre la incorporación de Luis Carrero, la jueza, en esa providencia del 20 de enero, decide más diligencias.
Por un lado, llama a declarar a el próximo 7 de febrero a otras cuatro personas como testigos. Por primera vez preguntará a un aspirante a la plaza de coordinador de conservatorios que consiguió David Sánchez en 2017. Es Nerses Avakimyán, que trabaja como profesor de violín en el conservatorio Juan Vázquez. También llama a Julián Expósito Talavera, director del área de Presidencia y Relaciones Institucionales de la Diputación; José Ramón Suárez, que era jefe de Recursos Humanos hasta su jubilación hace unos meses; y a José Luis Albarrán Babiano, técnico de asesoramiento jurídico que estuvo destinado en el área de Recursos Humanos en 2017.
Por otro lado, ordena a la UCO que investigue la desaparición de correos electrónicos en la cuenta de Yolanda Sánchez, directora del conservatorio Juan Vázquez, durante un mes de 2017, período que coincide con la contratación de David Sánchez.
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