Los datos, el otro pulso de Justicia e Igualdad por el 'solo sí es sí'

Sólo los tribunales superiores de justicia (TSJ) de las comunidades autónomas, y con desiguales frecuencia y transparencia, aportan algo de luz al notificar muchas de estas revisiones judiciales a la baja. Pero tampoco en este caso se trata de un conteo oficial porque los TSJ dependen a su vez de que las audiencias provinciales comuniquen los resultados de sus revisiones judiciales, algo que no siempre ocurre. Esto complica el trabajo periodístico y siembra la confusión sobre uno de los asuntos que más alarma social ha provocado en los últimos meses.

Porque no sólo importa el número de reducciones de penas, aunque sea la cifra más relevante. De esas rebajas, ¿cuántas han supuesto la excarcelación del preso por haber cumplido ya la condena? ¿Y qué porcentaje de las sentencias revisadas han derivado en reducciones de penas? ¿Cuántas otras sentencias han sido confirmadas? La falta de una estadística oficial hace que los medios trabajen con estimaciones realizadas en base a los datos disponibles, casi siempre de los TSJ. Así, del casi medio millar de penas rebajadas más de una veintena han supuesto excarcelaciones. Y la mayoría de sentencias, casi tres de cada cuatro, acaban siendo confirmadas, de modo que las rebajas penales constituyen cerca de un 25 por ciento de las revisiones efectuadas hasta ahora.

La falta de transparencia obstaculiza la labor informativa y allana el camino para que las cifras no oficiales sean utilizadas por los diferentes partidos para engrosar su argumentario. La oposición, con PP y Vox a la cabeza, exprime los datos de reducciones más abultados y apenas hace referencia al elevado número de penas confirmadas, mientras desde Unidas Podemos achacan las rebajas en exclusiva a un problema de aplicación de la ley, es decir, de los jueces, y el PSOE inicia la reforma de la norma en solitario con la mano derecha mientras con la izquierda pega «un toque de atención» a los tribunales, como defiende Patxi López, portavoz socialista en el Congreso: «(Con nuestra propuesta) les estamos diciendo que no vayan por ahí con la excusa de que la ley permite... porque la ley también permite lo contrario».

El objetivo de la ley impulsada por Irene Montero, ministra de Igualdad, pasa por vertebrar los delitos sexuales en torno al consentimiento explícito, de ahí que se conozca como 'solo sí es sí', para evitar que haya condenas por abuso sexual y no por agresión, como ocurrió en primera instancia con los miembros de La Manada. Pero, al unificar ambos delitos bajo el de agresión, las horquillas se amplían tanto por arriba (máximas) como por abajo (minimas). Y los presos tienen derecho a que se les aplique el principio de retroactividad favorable. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden solicitar una revisión a la baja de sus penas si la nueva ley les resulta más beneficiosa.

Pero no todas las sentencias son revisadas a la baja. De hecho, la mayoría de penas están siendo confirmadas. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo sentó jurisprudencia que dicta que las penas no tienen por qué rebajarse cuando en la nueva norma las condenas están dentro de la horquilla prevista para el delito juzgado. Aunque sin datos oficiales de los resultados de las revisiones resulta complicado sacar conclusiones, hasta ahora parece evidente que hay una enorme diferencia de criterio en la aplicación de la norma entre unas comunidades autónomas y otras. Llama la atención, por ejemplo, que Andalucía ya haya llegado a las 70 reducciones de penas mientras en Madrid se han notificado 42 y Cataluña apenas supera la decena.

En declaraciones a Cadena Ser este martes, Llop ha reconocido que el Gobierno no tiene datos oficiales: «No recolectamos sentencias». Preguntada sobre cómo han decidido reformar la ley si no disponen de todas las estadísticas, la ministra de Justicia ha matizado luego que cuentan con resoluciones «que hemos solicitado a los gabinetes de comunicación» de los TSJ. Como lleva meses haciendo la prensa.