Prisión a los dueños de una plantación legal de marihuana

La sentencia de la Sección Tercera, pionera por pronunciarse por vez primera sobre una producción autorizada de cannabis, rebaja de forma sustancial la pretensión de la Fiscalía, que en su escrito de acusación llegó a pedir 37 años de cárcel a los siete acusados y una sanción de 48 millones de euros. El Ministerio Púbico defendió que el negocio servía a los fines de una organización criminal y reclamó la disolución de la sociedad.

La mercantil Unión Verde S. L. nació en junio de 2017 de la mano de Juan José L. M. Su razón social es el comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes, alimentos para animales, flores y plantas. Está participada por cinco personas, el citado empresario y cuatro ciudadanos de nacionalidad holandesa.

Las actividades se desarrollan en las instalaciones del Polígono del Paraje de la Mina, en Tauste, y emplean a dos trabajadores. Poco después de iniciar su actividad, la sociedad comunicó al Seprona de la Guardia Civil y a la Diputación de Aragón la siembra y cultivo en invernaderos de cáñamo industrial (fibra, grano y flores de cáñamo) de la especie Cannabis Sátiva. Una planta con cinco variedades: Kompolti, Tiborszallasi, Antal, Carmagnola y Fedora. Todas ellas de bajo contenido de tetrahidrocannabinol (THC, el componente psicoactivo) y aprobadas por la Unión Europea.

Los dueños aportaron toda documentación y un análisis clínico de la empresa CTAEX, que certificó que el porcentaje de THC de las plantas era inferior al límite establecido en España para el cultivo legal de cáñamo: 0,2%. Apenas una decena de empresas en el país se dedican a este negocio, que requiere controles estrictos y una inversión inicial importante.

Pero una vez iniciada la producción, y tras haber conseguido una primera cartera de clientes -como el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)-, los propietarios se enfrentaron a un problema serio: los robos en las instalaciones. Se debió de correr la voz en el pueblo de Tauste, de apenas 7.000 habitantes, y los amigos de lo ajeno vieron un maná en la nave de Unión Verde. La solución fue contratar los servicios de una compañía de seguridad, Prosec, para vigilar, sobre todo por la noche, el recinto. Pero los robos continuaron, algunos incluso con el uso de armas, y los dueños decidieron denunciar los hechos ante la Guardia Civil.

Este asunto acabó siendo meses después el origen del segundo gran problema para Unión Verde, esta vez judicial. El vigilante denunció ante los agentes que en la nave se estaba cultivando cannabis de forma ilegal, más allá del comercial industrial, ya que «olía más de la cuenta». Era septiembre de 2018 y el destino de Unión Verde comenzaba a desmoronarse.

Los agentes se personaron en la nave y procedieron a la recogida de una muestra con la autorización del administrador. La mandaron a un laboratorio público y el resultado fue un THC igual o superior al 1%. Hubo dos inspecciones más en octubre, y en noviembre el Juzgado de Instrucción número uno de Ejea de los Caballeros autorizó la entrada y registro. Se decomisaron 27 plantas de diferentes tipos de Cannabis Sátiva y se mandaron al Laboratorio de Área de Sanidad de la Subdelegación de Zaragoza. Después se cotejaron en otro centro de Madrid.

El THC oscilaba entre el 0,1% y el 1,4%. En números, unos 1.090 kilos intervenidos con un principio activo superior al permitido. Una cantidad que en el mercado valía 1,5 millones de euros. El contraanálisis presentado por Unión Verde, en cambio, seguía ofreciendo resultados inferiores al 0,2%.

El juez Carlos Lasala, siguiendo las peticiones del fiscal, que creyó desde el principio tener en sus manos una gran causa criminal, permitió seguir a la empresa con su actividad mientras se tramitaba la destrucción de la cantidad aprehendida. La Guardia Civil elaboró un inventario y sugirió al dueño que guardara los cogollos (flores) listos para la venta para evitar nuevos robos.

Pasaron unos meses y al regresar los agentes a la nave chequearon la documentación y se percataron de que no cuadraban las cifras. Le preguntó al administrador y éste les dijo que llevaron parte de los cogollos a la casa existente en el interior de la instalación. Escondidos en un doble o falso techo se encontraban unos 25 sacos de plástico negro de gran tamaño, nueve bidones y dos cajas transparentes que contenían 340 kilos de cogollos, con un valor en el mercado de 456.620 euros.

Este hecho acabó siendo la principal prueba de cargo para condenar a Juan José L. M. y a Paul Bernardus K. por un delito contra la salud pública. El tribunal entiende que se confabularon para impedir la destrucción del material y que la cantidad intervenida era de «notoria importancia» como para sacarla al comercio ilícito. En cambio, los magistrados rechazaron la pretensión de la Fiscalía de disolver la mercantil.

La sentencia explica que Unión Verde tiene «todos los permisos administrativos para poder realizar una actividad agrícola con fines industriales, lo que es plenamente compatible con la legalidad, y en la consideración de que la actuación delictiva de parte de dos de sus socios no debe de conllevar una medida tan drástica como la solicitada y que se basa, por parte del Ministerio Fiscal, en la consideración de que toda la instalación era utilizada para un fin delictivo, circunstancia que no ha resultado debidamente acreditada».

El abogado de los acusados, José Cabrejas, se mostró «satisfecho» porque se reconoce la legalidad de la plantación. Además, se valida el criterio del Tribunal Supremo, que afirma que con semillas certificadas por la UE que garanticen un TCH por debajo del 0,2% se entiende que puede haber un margen de error del 5% al tratarse de una sustancia natural. En cualquier caso, el letrado ya prepara el recurso para tratar de exonerar a sus dos clientes, que solo se limitaron a proteger los cogollos «dentro de la nave» para evitar nuevos robos.