Choque entre el Supremo y la Fiscalía por la investigación al Rey Emérito y las supuestas comisiones

El Supremo desestima el recurso de súplica presentado por el Partido Comunista de España, Izquierda Unida y la Asociación de Abogados y Abogadas de Izquierdas (Fairade) contra el auto, de fecha 1 de abril de 2019, que acordó el archivo de la querella presentada contra el Rey Emerito, Corinna, el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán y el excomisario José Villarejo, entre otros, en relación con el contenido de unas grabaciones de conversaciones mantenidas en junio de 2015 en Londres entre Corinna, Juan Villalonga y Villarejo, que habría sido grabadas por el expolicía.

En esas grabaciones, la empresaria alemana habló del pago de comisiones por parte de empresas españolas «para el tren», que habrían ascendido a «80 millones» de euros abonados a la mujer de un empresario saudí, quien «habría entregado la mitad a un empresario español y éste, a su vez, le habría dado todo, o parte, a Don Juan Carlos».

La Sala reitera ahora que los hechos denunciados fueron investigados y archivados por el juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que no elevó ninguna exposición razonada en la que se pusiera de manifiesto la existencia de indicios de criminalidad contra algún aforado, en referencia al exjefe del Estado.

Aunque el juez del «caso Villarejo», Manuel García-Castellón, archivó la pieza «Carol sobre el encuentro en Londres en 2015 entre el comisario y Corinna, la Fiscalía decidió abrir unas diligencias internas el pasado octubre y pidió al juez toda la documentación sobre el presunto pago de comisiones en la obra de Arabia Saudí. En esta conversación, difundida por el medio digital »Moncloa.com«, la empresaria afirmó que Don Juan Carlos tenía cuentas y patrimonio oculto en el extranjero y que la utilizó como testaferro.

Corinna, a través de sus abogados, ya ha mostrado su disposición a declarar ante la Fiscalía Anticorrupción para aclarar los pormenores de sas diligencias abiertas por el presunto pago de comisiones ilegales en la obra del AVE a La Meca (Arabia Saudí), realizada por un consorcio hispanoárabe tras llevarse el contrato en 2011, cuyo presupuesto inicial, que luego aumentó, fue de 6.736 millones de euros.

El pasado abril, el Supremo, en su primera resolución rechazando reabrir el caso, sostuvo que, en aras del principio de seguridad jurídica, no se podía admitir, tras el sobreseimiento provisional de la causa en el tribunal de la calle Génova, una nueva querella por los mismos hechos proveniente de una acción popular, que pretende «la incoación de otro proceso penal ante un órgano jurisdiccional distinto, en el que se pueda obtener un resultado más acorde con las propias pretensiones u opiniones».

El auto primigenio recordaba, como vuelve a hacer ahora Manuel Marchena, que en el procedimiento archivado por la Audiencia Nacional no se elevó ante la Sala Segunda del Supremo ninguna exposición razonada en la que se pusiera de manifiesto la existencia de indicios de criminalidad contra algún aforado y, particularmente , contra don Juan Carlos.