El CGPJ abre diligencias al juez Carretero tras recibir 900 quejas por su interrogatorio a Mouliaá

El magistrado Ricardo Conde, promotor de la acción disciplinaria, ha incoado estas diligencias informativas para dar trámites a todas las quejas, un proceso casi automático cuando se presentan y el paso previo a decidir si conlleva la apertura de un expediente. Si tras concluir sus pesquisas encuentra indicios de «comportamiento inadecuado» deberá proponer una sanción que será votada luego por la Comisión Disciplinaria del CGPJ. Es decir, la última palabra la tiene este órgano en todo caso.

El malestar social, encabezado desde que se conocieron los vídeos de las declaraciones por la ministra de Igualdad Ana Redondo, se debe al tono y al cuestionamiento que el juez Carretero hizo en numerosas ocasiones de la versión incriminatoria de Mouliaá durante su hora de comparecencia. No solo con un incisivo cuestionario de preguntas que se extendió más de medio hora, sino con sus interrupciones cuando intervinieron la fiscal, su abogado o la defensa de Errejón, o las descalificaciones que hizo de la denuncia por sus «elementos extraños».

Todo el mundo pudo ver a una Elisa Mouliaá vulnerable, incómoda ante las preguntas del juez y, en ocasiones, abrumada. «¿No será que usted quería algo con ese señor y al no corresponderle por eso ahora le denuncia, porque ese señor se ha reído de usted?», llegó a preguntarle. Una actuación que el abogado de la actriz, Alfredo Arrién, asumió como normal porque ya conoce al juez de otros procedimientos y cree que si sigue adelante con el caso es porque «a pesar de todo encontró verdad en la declaración de Mouliáa».

En la carrera judicial, oficialmente solo se pronunció antes de la apertura de diligencias informativas el Observatorio contra la Violencia Doméstica del CGPJ. Fue el martes para denunciar únicamente la filtración de los vídeos de las declaraciones: «Expresa su rechazo a la filtración de los vídeos correspondientes a las declaraciones prestadas ante el juez por la denunciante y por el investigado, máxime tratándose de un procedimiento seguido por violencia sexual», rezó el escrito, que recordó «la especial protección que la ley otorga al derecho a la intimidad de las víctimas de este tipo de delitos, tal y como prevé el art. 681.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal». Pero ni una palabra sobre la actuación de Adolfo Carretero.

El CGPJ forma desde 2019 a jueces y magistrados en perspectiva de género. Se trata de cursos que son solo obligatorios para aquellos togados que eligen hacer alguna especialidad. Sin llegar a ser hechos similares, el pasado mandato del Consejo resolvió archivar en 2017 el expediente abierto a una magistrada de Vitoria, titular de un juzgado de violencia de género, que a una víctima de una presunta violación le preguntó si «cerró bien las piernas».