Cataluña no da tregua y pasa de la amnistía al cupo

El 30 de mayo era aprobada en el Congreso de los Diputados la Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Impuesta por Junts per Catalunya en el año anterior como parte de los pactos para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, ni éste ni Carles Puigdemont contaban con que, meses después, el Tribunal Supremo rechazaría incluir al fugado de Waterloo dentro de los beneficiarios de la amnistía y mantendría activa la orden de detención contra él, al excluir del perdón la malversación de fondos públicos. Cataluña ha condicionado una vez más el devenir de la política española durante todo el año, con ramificaciones en el ámbito judicial (por la amnistía), el económico (por la financiación autonómica) y también en el policial. En este último sentido, una nueva fuga de Puigdemont convirtió en un esperpento la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat, que tuvo lugar el 8 de agosto.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont reapareció en Barcelona ante las miles de personas que acudieron a recibirle al Arco del Triunfo con un discurso en el que proclamó: «Estamos aquí porque no tenemos derecho a renunciar». A continuación emprendió su segunda huida. Los Mossos d'Esquadra reaccionaron al ridículo con la detención de tres agentes.

Para hacer posible la investidura de Illa, el PSC y ERC acordaron un modelo de financiación particular y exclusivo que desde la oposición no tardaron de calificar de «cupo» para Cataluña o de un «concierto económico» similar al del País Vasco y lesivo para el resto de autonomías. El pacto, cuyos pormenores siguen pendientes de desarrollo, tampoco ha estado exento de críticas entre los barones autonómicos socialistas. Desde el Gobierno se mantiene que el acuerdo está diseñado para responder a las demandas históricas de Cataluña sobre su financiación autonómica y se limita a recoger «un modelo de financiación singular». El propio Sánchez lo defendió como un «paso a la federalización del Estado».

La tormenta desatada llevó al presidente del Gobierno a asegurar en septiembre que promovería un nuevo modelo de financiación «más justo» que recoja las «singularidades» de todas las comunidades autónomas. Para tratar de convencer a los críticos prometió a los territorios «más recursos que los que recibieron mientras gobernaba el PP», pero no desgranó medidas concretas y de esta manera concluyó 2024.