Caracas y Bruselas tienen ahora la palabra para dirimir el alcance de la crisis diplomática

La crisis escaló este viernes después de que el Ejecutivo de Maduro llamara a consultas a su embajadora en Madrid, Gladys Gutiérrez, tras calificar de «insolentes, injerencistas y groseras» una declaración de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que un día antes había calificado a su Gobierno como «dictadura».

No es la postura oficial de la Moncloa, como dejó claro el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que evitó usar ese término en un jornada que se torció del todo para la diplomacia española. Ni tampoco es la de la Unión Europea, aunque Josep Borrell, Alto Repersentante de la Unión Europea para Política Exterior, reiteró que «la calidad democrática de Venezuela no ha mejorado». Evitó, eso sí, pronunciar la palabra dictadura.

Borrell, en una rueda de prensa desde la oficina del Parlamento Europeo en España, defendió seguir apoyando a la oposición política que está «en una situación complicada» pues el «régimen de Maduro» está «embarcado en una dinámica represiva que nos preocupa a todos» y de la que solamente «se puede salir a través de la presión internacional», especialmente la que pueden realizar los países latinoamericanos.

A primera hora de la tarde, la embajadora venezolana en Madrid partía rumbo a Caracas para terminar de ejecutar un movimiento diplomático clásico que los estados usan como herramienta para abordar un problema concreto y revisar relaciones bilaterales. Se trata del paso previo a una posible ruptura que aún no se ha producido y que está en manos ahora de la cámara legislativa venezolana.

El Gobierno de Maduro se reunió a última hora del viernes, ya sábado en España, con embajador español, Ramón Santos, para trasladarle, en la sede del Ministerio de Exteriores venezolano, una queja formal con su correspondiente reprimenda. Horas antes, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, tuvo un encuentro con responsables de Repsol en el país suramericano para calmar las tensiones comerciales con empresas españolas.

Caracas debe andar con pies de plomo, ya que tiene mucho que perder en este pulso si suspende el comercio con España, su tercer cliente solo por detrás de EE.UU. y China. En 2023 realizó compras valoradas en más de 672 millones de dólares –esencialmente, combustibles y lubricantes–.

No será la única cita clave para dirimir la escalada de la crisis diplomática. El Partido Popular Europeo aspira a sacar adelante el jueves en el Parlamento Europeo una iniciativa para instar a los países miembros de la Unión Europea a que reconozcan a Edmundo González Urrutia como presidente «legítimo y democráticamente elegido de Venezuela» y que hagan «todo lo posible» para que pueda asumir el cargo formalmente el 10 de enero de 2025.

Al igual que en el Congreso, no deja de ser una resolución simbólica, que no es de obligado cumplimiento para los socios europeos. Sin embargo, los populares si pretenden poner sobre la mesa, al mismo tiempo, la posibilidad de que se amplíe el ámbito de las sanciones al propio Maduro, su círculo íntimo, sus familiares y aquellos los responsables de violaciones de los derechos humanos en el país. «Los reconocimientos pueden tener un valor simbólico, pero desgraciadamente no cambian la realidad», recordó Borrell. Además, insistió en que desde la Unión Europea no reconocen «legitimidad democrática» de Maduro.