Begoña Gómez denuncia una persecución «política» y defiende que lleva 25 años de docencia

Ante los diputados y en un ambiente muy bronco, Gómez, bastante tranquila, hizo una breve exposición para defender que no tuvo ningún trato de favor en la Complutense, pues lleva «25 años de trabajo en consultoría y docencia». «He coordinado equipos, he dirigido proyectos, he asesorado a más de medio centenar de profesionales de la empresa privada y del tercer sector». Todo ello, al margen de contar con doce años de colaboración con la universidad, antes de que su marido llegara a Moncloa.

Aunque algunos diputados del PP y Vox intentaron acortar el discurso de Gómez recordando que el formato de la comisión de investigación es pregunta y respuesta, la mujer de Pedro Sánchez logró culminar su exposición en defensa de que de nunca hubo ninguna irregularidad en la decisión de concederle la codirección de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva en 2020. Una enseñanza, recordó, que no era «remunerada». Su designación, insistió, fue una «práctica normal», a pesar de no tener siquiera estudios universitarios.

Pero no hubo respuestas a las dudas que dejó su introducción. La compareciente dijo que por consejo de su abogado (el exministro socialista Antonio Camacho, presente en la comisión) iba a guardar silencio. Ni una respuesta para evitar entrar en contradicciones o empeorar su situación en la causa penal que el juez Juan Carlos Peinado tiene abierta contra ella y en la que la supuesta contratación irregular de Gómez por parte del centro académico de Madrid es uno de sus ejes centrales.

Aun así, la esposa del jefe del Ejecutivo tuvo que escuchar las preguntas de PP y Vox y las intervenciones del PSOE y Más Madrid durante una hora y 16 minutos. Y lo hizo con bastante aplomo. «¿Cómo consiguió ser la directora de una cátedra sin méritos ni titulación para ello? ¿Cómo consiguió una cátedra con unos fondos muy superiores a los de otras? ¿Cómo dirigió unos másteres de los que no puede ser alumna? ¿Por qué se quedó con uno software pagado con el dinero de los madrileños? ¿Por qué abusó de su papel de esposa del presidente del Gobierno para fabricarse una carrera profesional? ¿A su asesor le pagamos todos los españoles o lo paga usted?», fueron algunas de las cuestiones que le planteó la portavoz de los populares Mercedes Zarzalejo, quien directamente acusó a la esposa de Pedro Sánchez de conductas «cuanto menos bochornosas», cuando no «presuntamente delictivas».

El esperado silencio de Begoña Gómez y su corta introducción dejaron en el aire esas preguntas y otras muchas cuestiones sobre la famosa cátedra, con un máster asociado (el de Transformación Social Competitiva) en cuyo seno se encargó el polémico software (programa informático), pagado por empresas colaboradoras y que supuestamente acabó siendo explotado por Gómez y su empresa de forma privada, lo que le ha valido que a los delitos iniciales contra ella por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios se hayan ampliado al de apropiación indebida e intrusismo profesional.

Aunque no hubo respuesta alguna por parte de la compareciente, la sesión fue bronquísima y obligó a la presidenta, la popular Susana Pérez Quislant, a emplearse a fondo para que la cosa no fuese a mayores. La presidenta, entre otras muchas intervenciones, pidió a la diputada de Vox Ana Cuartero que retirara la expresión «autócrata» (cosa que no hizo) referida a Pedro Sánchez y amonestó varias veces a la portavoz del PSOE, Marta Bernardo, quien reclamó sin éxito en varias ocasiones la suspensión de la sesión dado que Gómez no iba a contestar en esa comisión que tildó de «show en toda regla».

Gómez llegó escoltada hasta la Sala del Caserón de San Bernardo, en cuyos alrededores la esperaban 110 periodistas de más de 50 medios, por la plana mayor del PSOE madrileño, con su secretario general a la cabeza, Juan Lobato, acompañado del núcleo duro del Grupo Socialista. La compareciente, como en su día hizo en los juzgados de Plaza de Castilla, entró a la sede de la Asamblea a través del garaje, con lo que evitó el 'paseíllo' frente al parlamento, donde la esperaban varios manifestantes convocados por la asociación ultraconseradora Hazte Oír, acusación popular en el proceso penal abierto en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que movilizó además un autobús con letreros pidiendo la dimisión del «capo» Sánchez y otros vehículos con proclamas.