Batet dilata la suspensión de los diputados presos en un bronco estreno de la legislatura

Lo más probable es que, hasta la próxima semana, después de las elecciones autonómicas, municipales y europeas del domingo, no haya una decisión sobre un asunto políticamente muy sensible. El presidente del Senado, Manuel Cruz, celebró ayer una primera reunión del órgano de gobierno de la cámara territorial, a modo de «toma de contacto». Batet, sin embargo, anunció que esperará a la audiencia con el Rey, que en su caso tendrá lugar hoy a las 11:00 y en el de Cruz a las 12:00, para convocar a la Mesa del Congreso.

Batet ni siquiera garantizó que en la primera cita vaya a abordarse la suspensión de los diputados presos. «Contestaré a eso cuando haya tenido un minuto para leer toda la documentación que tengo encima de la mesa», insistió. Pero, en todo caso, lo previsible es que, como primer paso, se acuerde pedir un informe a los letrados de la Cámara, lo que puede retrasar unos días los trámites. Entretanto, la polémica está servida. Si algo constató la exministra de Política Territorial en su primer día en el cargo es que le espera una legislatura difícil y bronca.

La constitución del Congreso suele ser una plácida y aburrida sesión parlamentaria en la que no es habitual que se diriman pleitos. Pero en esta ocasión, la entrada de Vox en la Cámara, las heterodoxas fórmulas de acatamiento de la Constitución de los independentistas y hasta la pugna entre los líderes de PP y Ciudadanos por la jefatura de la oposición calentaron el ambiente hasta derivar en un pleno tumultuoso.

Batet solo tenía que dirigir el juramento o promesa de la Constitución de los diputados, pero aquello derivó en una bronca con todas las de la ley. Los diputados de Vox aporreaban sus mesas cada vez que algún parlamentario intervenía en una lengua cooficial o deslizaban sus compromisos identitarios antes de comprometerse a velar por la Carta Magna. Los diputados de Esquerra, JxCat y también de EH Bildu utilizaban fórmulas a cual más provocativa. Ante lo que Albert Rivera, ante el silencio de Pablo Casado, saltó como un resorte para ejercer de líder de la oposición y exigir a la presidenta que pusiera coto a aquello.

Pero su primera prueba de fuego fue, sin duda, la propia gestión de la presencia de los cuatro procesados en el hemiciclo. La segunda, la jura o promesa de la Constitución por parte de los diputados. En ambas cuestiones optó por obrar con máxima flexibilidad y por ambas fue duramente criticada por parte de los tres principales partidos de la oposición.

La nueva presidenta del Congreso permitió, por ejemplo, que Sànchez, Rull, Turull y Junqueras se reunieran unos minutos en una sala con sus familiares nada más acabar el pleno, a pesar de que el auto en el que el juez Manuel Marchena los autorizaba a asistir a las Cortes decía que debían «ser reintegrados, sin dilación, al centro penitenciario» una vez la Presidencia de las Cámaras hubiera dado término a la sesión.

No quiso tampoco intervenir mientras los diputados juraban o prometían la Constitución, a pesar de que en algunos casos fue imposible entender lo que decían, bien por el bullicio de la bancada de Vox, bien por el idioma empleado. «Desde el compromiso republicano, como preso político, por imperativo legal, sí», dijo Junqueras. «Prometo, por imperativo legal, con lealtad al mandato democrático del 1 de octubre y al pueblo de Cataluña», dijeron los de JxCat. También hubo diputados que usaron el euskera o el gallego.

Rivera afeó a la presidenta que hubiera permitido que se hable en la Cámara de presos políticos y apeló al artículo 103.1 del Reglamento, que plantea llamar al orden a los que profieran palabras o conceptos ofensivos «al decoro de la Cámara o de sus miembros, de las Instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad». Batet replicó que todas las fórmulas empleadas son válidas conforme a la jurisprudencia del Constitucional. Un preludio que hace prever un cuatrienio que puede pasar a los anales parlamentarios, y no por la brillantez oratoria de sus señorías.