Interior entregó a Marruecos 32 millones en «dietas e incentivos personales» para combatir la inmigración

En 2019, el recién llegado Gobierno de Pedro Sánchez entregó a Marruecos 32 millones de euros en ayudas para combatir la inmigración que fueron destinadas «íntegramente al abono de dietas e incentivos personales» de las autoridades marroquíes. Así lo reconoce el Ministerio del Interior en una respuesta de Transparencia fechada en marzo de 2022 a cuyo contenido ha tenido acceso este medio. Una información, confirmada con el propio Ejecutivo, en la que pone de manifiesto, además, que otros 30 millones concedidos en 2021, poco después del caso Gali y el salto de 8.000 'sin papeles' en Ceuta, no se ejecutaron.

La de 2019 fue la mayor ayuda directa a la cooperación policial internacional para luchar contra las redes de tráfico de personas jamás aprobada por España por este cauce desde que en 2007 el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, creara, vía real decreto, este mecanismo que beneficia a los países de origen o paso de los 'sin papeles'. Y es la primera de las tres concedidas hasta la fecha al reino alauí -la última fue firmada el pasado noviembre por Fernando Grande-Marlaska-, cuyo fin concreto ha sido ocultado en otras ocasiones aludiendo a «motivos de seguridad pública y de preservar las relaciones exteriores».

Reguladas por el Real Decreto 732/2007, de 8 de junio, estas ayudas se han concedido también a países como Mauritania, Senegal, Costa de Marfil o Mali por valor de más de 280 millones desde 2008. En las propias resoluciones a las que ha tenido acceso este medio –son cerca de 80 desde 2016– se indica que han de probarse los pagos, pero se incluyen varios conceptos de gasto entre los que se puede invertir el dinero concedido, lo que impide saber de antemano concretamente en qué se gastará dicha subvención.

Cuestionado por ello, desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska defienden que los conceptos de 'dietas e incentivos' se refieren a «recursos destinados a sufragar gastos complementarios por la actividad policial extraordinaria llevada a cabo por las fuerzas y cuerpos de seguridad de los países africanos para luchar contra las mafias ilegales de trata de personas». Remiten a la legislación vigente y añaden que los diferentes procedimientos «están sometidos al control financiero y presupuestario de los órganos competentes».

El 20 de septiembre de 2019, Interior firmó la resolución por la que Marruecos recibiría 32.369.000 euros a gastar en tres meses: entre ese día y final de año. El objetivo de la ayuda era «contribuir a sufragar los gastos incurridos en los despliegues operativos, junto con los gastos de mantenimiento de los materiales empleados por los servicios policiales marroquíes en el desarrollo de las actuaciones de colaboración con España en la lucha contra la inmigración irregular, el tráfico de inmigrantes y la trata de seres humanos».

Hasta entonces, la concesión de ayudas directas a la cooperación internacional se había normalizado para países como Senegal y Mauritania, con tres y diez millones al año, pero la de Marruecos en 2019 fue la más abultada de todas ellas. Hasta ahora, España ha concedido al Reino de Marruecos 92 millones por esta vía. Un 63% de los 146,5 millones que han estado reservados para este fin desde 2019.

Esos 32 primeros millones, de los que 30 salieron del Fondo de Contingencia al estar prorrogados los Presupuestos y cuya legalidad fue recurrida sin éxito en el Supremo por las ONG Access Info Europe y Andalucía Acoge, también podían destinarse para cubrir los gastos derivados del patrullaje y la vigilancia marítima y los relacionados con el mantenimiento y reparación de los bienes y el material de vigilancia y control. Sin embargo, ningún euro de los que debían ser abonados «mediante una transferencia» a «una cuenta bancaria de titularidad pública del Reino de Marruecos», según se especifica en la concesión del Ministro del Interior, fueron utilizados para otro fin que no fuera el abono de dietas e incentivos personales.

En la resolución, de libre disposición y a la que ha tenido acceso este medio, se describen estos tres fines, pero no se especifica un montante para cada uno de ellos. Sí se detalla que dos meses después del vencimiento de la ayuda se emitirá un informe descriptivo sobre los fines para los que fue concedida. La propia ONG Access Info requirió esa información por Transparencia en julio de 2020. Tras la negativa de Interior a revelar los datos, elevó su reclamación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que resolvió desestimar la petición, en parte, por ser «información esencial» que podría «limitar o incluso impedir» la efectividad de la ayuda.

En las resoluciones analizadas por este medio se encuentran conceptos diversos en los que emplear la ayuda: desde el combustible y aceite para vehículos y embarcaciones a billetes de avión, formación, mantenimiento del material de vigilancia, alquiler, material de oficina, las dietas…

Por ejemplo, España entrega anualmente 106.000 euros a Mauritania para sufragar los gastos corrientes del oficial de enlace mauritano en el Centro de Coordinación Regional de Canarias. Además de otros 10 millones, en dos entregas, al servicio de guardacostas de ese país. En el primer caso, el documento recoge una lista de los conceptos en los que se puede gastar el dinero (billetes de avión, alojamiento, internet, seguro médico…). En el segundo, cada epígrafe cuenta con un montante (un millón para mantenimiento, 1,5 millones para el patrullaje y el carburante y 2,5 para abono de dietas e incentivos al personal). Los beneficiarios no pueden gastar más dinero, pero esos importes son en su mayoría «orientativos».

Es notable que, a pesar de que en cualquier caso el fin del gasto es opaco, el único receptor con cantidades millonarias cuyos conceptos no están definidos previamente es el Reino de Marruecos. Y, como ocurre en el resto de concesiones ya habituales, la redacción de los documentos es muy similar. Si bien en 2021 y 2022, Interior incluyó entre los posibles gastos del reino alauí los asociados a procedimientos de retorno de inmigrantes irregulares en este territorio, incluidos sus billetes, y a la protección frente al covid, tanto para el personal como para los migrantes.

Esta misma partida, que terminó el año pasado con una ejecución de 43.434.000 euros repartidos entre Marruecos (30 millones), Mauritania (10,2), Senegal (3,1) y Gambia (75.000), asciende a 43,7 millones para 2023.