La Audiencia rechaza pisar el acelerador para decidir sobre el recurso de Begoña Gómez contra el juez

Los magistrados han rechazado pronunciarse antes del 30 de septiembre (fecha originaria) sobre este escrito, tal y como había solicitado de la defensa de Gómez, «al no tratarse de una causa de resolución preferente» y al no apreciarse una vulneración flagrante de los derechos fundamentales de la investigada. De hecho, habitualmente, las causas preferentes son solo aquellas de cuya resolución depende la puesta en libertad de un preso.

Además, los magistrados recuerdan que la Fiscalía se opuso a ese recurso de Gómez, aunque «sin discrepar de las cuestiones planteadas por la representación de la investigada», que comparte.

«La fecha de señalamiento para la deliberación queda al margen del ámbito del recurso, ya que se fija para el mes en curso, lo que entra dentro de lo razonable a la luz de la carga de trabajo», zanjan los jueces.

La defensa de Gómez presentó recurso de súplica en respuesta a la providencia de la Sección 23 de la Audiencia Provincial en la se que informaba a la partes de que el 30 de septiembre estudiaría tanto el recurso de Gómez como el de la Fiscalía, que pedía delimitar la causa.

El letrado de la mujer de Pedro Sánchez, el exministro socialista de Interior Antonio Camacho, lamentaba en su escrito que en esta causa, seguida por el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, se están produciendo «graves violaciones del derecho de defensa» tanto de su defendida como de los otros dos investigados: el empresario Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache.

Camacho acusaba al juez de que la instrucción esté llevando una «errática deriva procesal y material» y explicaba a la Audiencia Provincial que «desafortunadamente» recurrir ante la Sección 23 «es el único remedio que procesalmente cabe utilizar para intentar evitar irreparables daños en el derecho de defensa».

El letrado pidió en su momento una resolución a su recurso con anterioridad a ese 30 de septiembre porque «una Justicia tardía puede producir daños irreparables» en su derecho a la defensa dado que, a su juicio, la instrucción de Peinado «está plagada de actuaciones que vulneran» ese derecho y de «graves irregularidades».

En este sentido, Camacho enumeraba una serie de hechos que, argumentaba, suponen irregularidades procesales, pero destaca que lo más grave de todo es que «el objeto de este procedimiento (...) es mutante en la mente del juez instructor».