La Audiencia Nacional deja a Alvise a un paso del Supremo

La acusación pública, en el informe remitido en las últimas horas al titular del Juzgado de Instrucción del tribunal de la calle Génova, sostenía que hay pruebas sólidas de que los 100.000 euros que el hoy parlamentario europeo aceptó de Álvaro Romillo, el empresario de las criptomonedas acusado de un fraude multimillonario a través de un chiringuito financiero, eran para sufragar su campaña para llegar a Bruselas y no un «pago sin IVA» por unos servicios que le prestó a Romillo, tal y como todavía sostiene el propio Alvise.

El juez Calama había preguntado el pasado 27 de noviembre el parecer de la Fiscalía sobre si elevar este caso o no al Supremo después de el propio eurodiputado se negara a comparecer de forma voluntaria el pasado día 20 y que en esa misma jornada Romillo, fundador de Madeira Investment Club (IMC), confesara en la Audiencia Nacional que esos 100.000 euros que entregó al conocido 'influencer' de la extrema derecha el 27 de mayo de 2024 fueron para costear su campaña electoral y a la espera de recibir «favores futuros» cuando Alvise llegara a la cámara de Bruselas. Romillo insistió entonces en que le entregó ese dinero por su condición de político y evidentemente no «porque fuera trabajador del Lidl (cadena de supermercados)».

El empresario detalló que con el líder de SALF nunca hubo ni un acuerdo de prestación de servicio o un contrato, sino que fue el pago por esas posibles gestiones futuras que como eurodiputado podría hacer en el futuro a favor de las criptomonedas. De hecho, así lo confiesa en una grabación incluida en el sumario el propio Alvise Pérez, quien sin embargo viene sosteniendo que su único delito fue aceptar ese dinero sin pagar el IRPF porque fue un pago por su trabajo.

El propio Romillo, que en su día llegó a un acuerdo con Anticorrupción para tratar de aliviar sus acusaciones, se refirió en su declaración ante el juez a esa grabación y a otras donde el 'influencer' aseguraba que iba a destinar ese dinero a gastos de la campaña. No obstante, el empresario insistió en que no cerró con Alvise ninguna contrapartida concreta a cambio de los famosos 100.000 euros.

El juez Calama comenzó a investigar la supuesta financiación irregular del partido de Alvise el pasado octubre al abrir una pieza separada independiente de la causa principal, en la que se investiga la supuesta estafa piramidal con miles de afectados (unos 3.000 con una cifra estimada de 300 millones) a través de la plataforma de inversiones Madeira Invest. Un «chiringuito financiero» que ofrecía una altísima rentabilidad con diferentes productos, pese a la advertencia del riesgo difundida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC).

En esa causa principal, el magistrado apunta también que la actuación de Alvise Pérez en la promoción de la actividad presuntamente ilícita llevada a cabo a través del entramado financiero pudiera dar lugar a su consideración como cooperador necesario en el delito de estafa agravada. Por lo tanto, sería un segundo delito.

En su resolución, el juez incorporaba la denuncia de Romillo en la que relata los distintos contactos mantenidos con Alvise Pérez con la intención de que el empresario obtuviera la promoción de sus servicios y el eurodiputado «podría financiar con seguridad y holgura su campaña sin persecución estatal». Tras diversos contactos, según la denuncia, el 27 de mayo pasado Romillo le comunicó a Pérez que podía pasarse por el Sentinel (oficina de cajeros de criptomoneda en Madrid) para recoger en efectivo la cantidad de 100.000 euros, a lo que éste respondió: «100%. Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias tío».