Más allá de la justicia

Razones para una nueva ley las hay y de peso: declarar la nulidad de los juicios franquistas o que sea el Estado quien se encargue de a identificación de los desaparecidos, por ejemplo. El problema es si todos esos añadidos contribuyen o no al objetivo primordial de una ley cuyo epicentro sea la memoria de un desastre colectivo como fue la Guerra Civil y sus secuelas. El problema de fondo no es lo que falta para honrar a las víctimas que perdieron la guerra y tuvieron que padecer la dictadura –que es mucho, ciertamente–, sino la realización de lo que implica la memoria de ese pasado.

Lo que no podemos perder de vista es que la memoria tiene sus propias exigencias. Una ley de memoria histórica al algo más y algo distinto que una ley de justicia histórica. El deber de memoria, en efecto, está íntimamente unido a la idea de no repetición. Por supuesto que no podemos perder de vista la justicia a las víctimas, pero la memoria histórica pone el acento en pensar de otra manera todo aquello que conforma eso que llamamos historia (la política, el derecho, la ética, la educación, la religión, etcétera) para hacerla de otra forma. Acordarse es repensar.

Lo que esto quiere decir es que el objetivo de la memoria histórica es doble: la justicia y la reconciliación o paz. Son objetivos distintos y solo compatibles si tenemos en cuenta, en primer lugar, que hubo víctimas en ambos lados de la contienda y todas merecen nuestra consideración y respeto. Tan víctima es la religiosa asesinada por ser religiosa que el maestro republicano por ser socialista. La memoria histórica tiene que ser inclusiva, de suerte que quien entienda a una víctima entienda todas. En segundo lugar, no podemos perder de vista que el objetivo de la memoria es la no repetición de la barbarie. El nunca más. Para lograrlo hay que poner fin a un modo de hacer las cosas que llevó a la guerra fratricida. No existe una fórmula mágica para acabar con el inveterado cainismo español del que la Guerra Civil solo ha sido un episodio más. Pero deberíamos tomar en consideración la sorprendente propuesta que elaboró Hanna Arendt con este fin: para romper la cadena que nos ata a la malvivencia el mejor recurso es el perdón. Del perdón se habla mucho en ética y en religión. Aquí tiene otro sentido. La virtud política del perdón tiene el poder de acabar con la letal querencia cainita porque rompe la lógica acción-reacción. El que perdona políticamente se niega a tomar decisiones motivadas por una acción previa lesiva: si el franquismo honró a sus víctimas, pues nosotros a las nuestras. El que perdona renuncia a ajustar cuentas, es decir, interrumpe la lógica de la historia, por eso abre un nuevo tiempo. Hay una diferencia entre justicia y perdón: la justicia –por algo se la representa como una balanza– busca el equilibrio entre el daño y la reparación. El perdón aparece cuando los daños son irreparables. Entonces, cuando el equilibrio es imposible, lo que se propone es, desde la memoria de lo irreparable, evitar que el daño se repita.

El destino que se dé al Valle de los Caídos puede ser un buen ejemplo de lo que significa esta memoria inclusiva. Creado como monumento funerario para 'los mártires de la Cruzada', ¿por qué no transformarlo en un espacio de memorias compartidas donde poder honrar a todas las víctimas, reflexionar sobre nuestra historia cainita y proponerse otra forma de convivencia? El Valle es un lugar apropiado para esa función porque de los 33.000 allí enterrados, más de un tercio son republicanos. Y casi todos comparten, según solventes informes forenses, la desgracia de ser técnicamente inidentificables. La condición excepcional del Valle es que las circunstancias obligan a que estén juntos los restos de combatientes enfrentados: ¿por qué no partir de ahí para que unos y otros meditemos sobre la malvivencia pasada y la convivencia futura?

Bien haría esa posible nueva ley inspirarse en el discurso de Manuel Azaña, 18 de julio de 1938, donde se nos pide a nosotros, las generaciones posteriores, que cuando recordemos (y nos propongamos hacer una ley como la que nos ocupa), escuchemos «el mensaje de la patria que dice a todos sus hijos: paz, piedad, perdón». El objetivo es la paz, desde la compasión y mediante el perdón. La compasión nos invita a fijarnos en el sufrimiento ajeno más que en el nuestro. Y algo más: justo en el momento en que la Iglesia llama a las armas y bautiza el fratricidio de 'cruzada', Azaña, el político tan denostado por anticlerical, habla de perdón, que al día de hoy solo es posible si se dan dos supuestos: que la memoria de la ley sea inclusiva, mostrando así la generosidad que caracteriza a la democracia, y que el vencedor de antaño deponga la actitud arrogante propia de quien no ha tomado conciencia del dolor causado. La memoria histórica, que no está contra nadie, sí exige, para ser efectiva, un cambio en la forma de vernos y de ver al otro.