Aldama aporta pruebas para tratar de culpar a Ábalos por mordidas en obra pública por 54 millones

En esta nueva fase del caso, el primer objetivo del empresario –«nexo corruptor» de la trama de mascarillas, según la UCO de la Guardia Civil– es sobre todo el exministro José Luis Ábalos, que comparecerá como investigado ante el juez del Supremo este 12 de diciembre por su «papel principal» en los hechos investigados. Aldama busca proteger su pacto de colaboración con la Fiscalía con esta primera tanda de supuestas evidencias de lo que declaró en el juzgado de la Audiencia Nacional el 21 de noviembre.

Los documentos aportados este miércoles, en un escrito de 37 páginas con anexos, por José Antonio Choclán, abogado del presunto «conseguidor» del 'caso Koldo', tratan de incriminar a Ábalos en el cobro de comisiones por la adjudicación de obra pública en una decena de autovías repartidas por toda España. Unos contratos valorados en 54 millones de euros que habría gestionado el Ministerio de Transportes a través de la Dirección General de Carreteras en el periodo 2018-2021, coincidiendo con la etapa en Fomento del hoy diputado del Grupo Mixto.  

Aldama, que aseguró en la Audiencia Nacional que Ábalos habría recibido 650.000 euros en comisiones, también incluye en sus documentos a Víctor Ábalos, hijo primogénito del entonces secretario de Organización del PSOE. Según estos apuntes, éste habría mediado con el propio De Aldama para el uso por parte del del exministro de un lujoso piso de 1,9 millones en pleno Paseo de la Castellana de Madrid en contraprestación por la adjudicación de obra pública en favor del entramado societario de Aldama.

Pero el ventilador del investigado no se queda ahí. En esta extensa confesión documental asegura que el actual ministro y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la que fuera presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, estarían vinculados con las adjudicaciones fraudulentas. Del primero, afirma que una de las empresas supuestamente corruptas obtuvo un contrato de 6,5 millones tras un viaje del dueño de esta firma con Koldo García, asesor de Ábalos en Transportes, a Canarias. A cambio, dice que facilitó al entonces jefe de Gobierno insular un piso en la calle Atocha de Madrid «para encuentros de diversa naturaleza».

Tras conocer estas afirmaciones, fuentes del ministerio de Torres negaron este miércoles las acusaciones y anunciaron que ampliarán las acciones legales contra De Aldama ante «las graves injurias vertidas sin pruebas». En lo que se refiere a Pardo de Vera, el empresario relata que Ábalos «determinaba» junto a la entonces presidenta del gestor de la infraestructura ferroviaria «las obras que podían adjudicarse a [la empresa] ASCH y otras constructoras».

En total, los contratos supuestamente amañados, según la documentación, serían 128 con un importante total de 54 millones. Todas esas adjudicaciones, según De Aldama, fueron a parar a tres empresas en concreto: OPR, Áridos Anfersa y Levantina Ingeniería y Construcción, supuestamente vinculadas a Ábalos y al propio PSOE. «Se trataría de empresas que habrían adquirido el compromiso de pago de comisiones si resultaban adjudicatarias», apostilla el documento.

En lo referido al exministro, las comisiones que habría cobrado fueron –de acuerdo con los documentos aportados– todas por obras «pre-adjudicadas» en autovías a lo largo del ejercicio licitado en 2021. Entre otras, estarían un tramo de 4,5 kilómetros de la vía de acceso al aeropuerto de Alicante; el tramo de Jaca (Huesca) en la autovía Mudéjar; la A-21 y otro tramo de la A-66, la autovía de la Ruta de la Plata.

Siempre según el imputado, la trama había cobrado igualmente por adjudicar obras en la autovía del Mediterráneo A-7, en particular en el tercer carril: tramo Monteagudo-Fortuna y enlace con Orihuela. En esa misma vía, el tercer carril tramo Crevillente (Alicante). Los documentos apuntan también a las autovías de Castilla, Cantabria Meseta, Badajoz-Granada, Huelva-Zafra o Sierra Nevada (Granada). En la dos extremeñas, sin embargo, a día de hoy no se ha construido ni un kilómetro ni se ha destinado dinero alguno de los Presupuestos Generales del Estado.

El escrito de Aldama admite que en esa relación de obras aparecen «anotaciones manuscritas    que pueden corresponder con la letra de José Luis Ábalos o quizás de Koldo García» (el exministro lo niega), pero «sin poderlo afirmar con seguridad». Para ello, aporta el documento original por si el juez instructor del Supremo, Leopoldo Puente, decide ordenar una prueba caligráfica para su cotejo.

De Aldama, además, se autoinculpa en la documentación entregada e incluye un listado de    reconocidas constructoras que, según dice, hicieron trabajos gratis para él por su supuesta intermediación a la hora de conseguir adjudicaciones de Transportes.

Otro bloque de documentos están relacionados con el millonario regalo que pactó hacerle a Ábalos como pago de sus intermediaciones para adjudicar obra pública. Se trata del citado piso de lujo en el Paseo de la Castellana que finalmente el exministro nunca llegó a ocupar y que era propiedad del primero. También se refiere a sus gestiones en favor de Carlos Moreno, jefe de Gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero, de quien no llega a decir lo que sí sostuvo en la Audiencia Nacional sobre un presunto pago en mano de 25.000 euros.

La defensa de Aldama afirma que su teléfono móvil intervenido en la causa de los hidrocarburos incluye pruebas a futuro que sustentarían sus evidencias, por lo que reclama su devolución para seguir colaborando con la Fiscalía. Del otro asunto que trató en su declaración judicial, los 15.000 euros que habría entregado en efectivo a Santos Cerdán en un bar frente a la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, el investigado de momento no aporta ningún documento que sustente su incriminación del secretario de Organización del PSOE.