El acuerdo de Aldama con Anticorrupción incluye entregar pruebas de las mordidas en «breve»

Los muñidores del 'convenio' que el jueves desembocó en la excarcelación exprés del cerebro de la 'trama Koldo' -alcanzado por José Antonio Choclán, letrado del encausado y especialista en pactos y acuerdos de conformidad, y el fiscal Luis Pastor, otro veterano en ententes con los acusados- dejaron claras las tres fases de este trato que permitió a De Aldama abandonar la cárcel 40 días después de que Santiago Pedraz le enviara a prisión por el presunto fraude en los hidrocarburos y solo ocho horas después de la sacudida provocada por su testimonio voluntario ante el instructor del 'caso Ábalos-Koldo', Ismael Moreno.

Según fuentes de la causa, la primera condición, ya cumplida parcialmente, es declarar ante Moreno tantas veces como sea necesario para desentrañar toda la trama corrupta que arraigó supyestamente en el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, pero que apunta que pudo extenderse mucho más allá en el Gobierno y el PSOE. La segunda premisa pasa por personarse también de forma voluntaria ante Pedraz en el 'caso hidrocarburos', por el que está acusado de unos delitos tan graves como pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública y por un fraude que superaría los 182 millones de euros. Y ayudar a las arcas públicas a recuperar ese dinero.

El tercer requisito es entregar pruebas que respalden todas las acusaciones que realice o vaya a realizar en sus confesiones, particularmente sobre el cobro de comisiones ilegales. En este último punto, solo durante las dos horas y media que duró su declaración ante Moreno, el conseguidor de la trama imputó haber cobrado o pedido sobornos al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán (15.000 euros pagados presuntamente en un bar frente a la sede central del partido en Ferraz); al expresidente canario y actual ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres (habría reclamado una mordida de 50.000 euros); a Ábalos (250.000 euros); y a Koldo García (100.000). El entorno del empresario dice que entregará los documentos sobre las mordidas en cuanto los «recopile y los ordene», incluida la parte más sensible y que no se desarrolló en el interrogatorio, la de «los cupos».

En lo que se refiere a Cerdán, De Aldama insinuó que ese dinero que habría pedido y se le habría pagado formaría parte de una supuesta financiación ilegal del PSOE a través de una suerte de cuotas territoriales. El encausado afirmó que ese pago fue para «contentar» al número tres de los socialistas porque «se lió muy grande» cuando la trama acudió a una «licitación de una constructora» orillando el «cupo vasco». El fiscal Pastor, sabedor de la complejidad del melón que se abría, ya avisó al juez en la sesión del jueves de que posponía este asunto. «Lo de los cupos ya se explicará, si le parece, en otra ocasión», dijo.

El acuerdo entre Pastor y Choclán no fija un tiempo límite para entregar las pruebas, pero el plazo, advierten desde el Ministerio Público, es «breve». El fiscal anticorrupción, que ejerce la acusación pública en los dos sumarios, se ha dejado «pelos en la gatera» para forjar este acuerdo, sobre todo forzando a Pedraz a excarcelar a De Aldama. Al estar la pieza bajo secreto, no había más acusaciones que pidieran la prisión preventiva, por lo que el juez estaba obligado a levantarla.

Pedraz había rechazado dos veces en el último mes y medio poner al empresario en libertad por el elevado riesgo de fuga. Una decisión que el 15 de noviembre había sido ratificada sin objeciones por la sección tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Tanto el instructor como la sala se habían negado en redondo hace unos días a la excarcelación, sobre todo porque los investigadores han identificado hasta la fecha transferencias por un importe total de 73.902.852 euros a Portugal, Colombia y China.

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