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La Abogacía del Estado se alinea con las tesis de la Fiscalía y del propio Gobierno. Los servicios jurídicos del Ministerio de Justicia han pedido al juez instructor del procés en el Supremo, Pablo Llarena, que levante de «inmediato» la orden de búsqueda y captura ... contra Carles Puigdemont en aplicación de la ley de amnistía. Y ello, recalca la abogacía, porque esta normativa es plenamente aplicaba al expresident, incluida la desaparición del delito de malversación, porque éste ilícito, si se cometió, fue realizados o dirigidos únicamente a financiar, sufragar o facilitar« la intentona secesionista de otoño de 2017 y, por lo tanto, no hubo lucro personal, que es una de las excepciones de la amnistía que entró en vigor el pasado 11 de junio.
En este informe –que es el último que le faltaba por recibir a Llarena antes de su inminente decisión sobre si aplica o no la amnistía al expresidente huido- la Abogacía insiste en la malversación de Puigdemont es amnistiable «porque no se aprecia un propósito de enriquecimiento, en los términos definidos expresamente por la ley». En esa línea, los letrados de Justicia recuerdan que la propia exposición de motivos de la ley certifica el borrado penal de los malversadores para «aquellos actos en que los fondos públicos se destinaron a la preparación, realización y consecuencias de las consultas del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum del 1 de octubre de 2017, así como los que se destinaron a reivindicar, promover o procurar la independencia de Cataluña«.
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