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Agentes ante la sede de CDC en Barcelona que está siendo registrada.

Detenido el tesorero de Convergència, Andreu Viloca, por el 'caso del 3%'

Un juez de El Vendrell (Tarragona) relaciona a Viloca con una trama de cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas

CRISTIAN REINO

Miércoles, 21 de octubre 2015, 10:11

Una vez más, la formación Convergència Democrática de Catalunya aparece salpicada por la corrupción del 3%. El actual tesorero del partido que gobierna en Cataluña, Andreu Viloca, ha sido detenido esta mañana por la Guardia Civil por orden de un juez de El Vendrell (Tarragona), que investiga el caso Petrum.

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Además de Viloca, hay un alto cargo del Gobierno catalán detenido, Josep Antoni Rosell, director general de Gisa, así como seis empresarios: Jordi Soler, Juan Luis Romero Gamero (presidente de Rogasa), Xavier Tauler Ferrer (Copisa), Antonio García Bragado, Sergi Lerma y un sexto de apellido Bassols. Todos ellos han sido detenidos a primera hora de la mañana.. A todos ellos se les relaciona con una trama dedicada al cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obras públicas. La Guardia Civil ha irrumpido esta mañana en la sede de Convergència y en estos momentos está registrando el despacho del tesorero en compañía de éste. En él han entrado poco antes de las 11 de la mañana también los fiscales Anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo.

Un mes antes de las elecciones del 27-S, la Guardia Civil ya registró la sede convergente en Barcelona, así como la fundación CatDem (el FAES de CDC), cuatro ayuntamientos gobernados por los nacionalistas (Lloret de Mar, Figueras, Sant Celoni y Sant Cugat) y el domicilio del extesorero de Convergència, Daniel Osácar, que está imputado en el caso Palau y para quien la Fiscalía pide siete años y medio.

Los agentes, en el mismo marco de la operación Petrum, dirigida desde la Fiscalía anticorrupción, buscaron documentación relacionada con el 3%. Convergència tiene 15 sedes embargadas por el caso Palau como garantía de pago en caso de que en el juicio se demuestre que se financió ilegalmente a través del expolio millonario perpetrado contra la entidad cultural.

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