El juez Velasco imputa a cinco diputados autonómicos del PP en la trama Púnica

El juez de la Audiencia Nacional ha imputado a cinco diputados autonómicos del Partido Popular, cuatro de Madrid y uno de Murcia, en el caso Púnica, la trama de contratos y subvenciones públicas con extensión en alcaldías de la Comunidad de Madrid, Murcia y la Diputación de León.

Entre los imputados están Lucía Figar, consejera de Educación con Esperanza Aguirre e Ignacio González y que sonaba como próxima ministra del Gobierno; Salvador Victoria, exconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid; José Miguel Moreno, exalcalde de Valdemoro y sustituto de Francisco Granados; y Mario de Utrilla, alcalde de Sevilla la Nueva y hermano de un encausado.

Un informe de la Guardia Civil ha sido definitivo para imputar a los parlamentarios por su implicación con los principales responsables de la trama Púnica, según fuentes jurídicas. Figar dejó el cargo el pasado 27 de marzo tras conocerse que se investigaban los contratos de Educación con la red Púnica.

Los acusados declararán entre el 11 y el 26 de junio, a la espera de que en esas fechas ya no sean diputados autonómicos al renovarse la cámara regional. En caso contrario, el juez elevaría la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Dimitido

El quinto imputado es el consejero de Industria y Turismo del Gobierno de Murcia, Juan Carlos Ruiz, diputado regional y que está citado como imputado el próximo 22 de junio. El consejero presentó su dimisión esta mañana.Salvador VictoriaJosé Miguel MorenoMario de Utrilla

implicación con los principales responsables de la trama Púnica

declararán entre el 11 y el 26 de junio

Asimismo, el juez Velasco ha citado como imputados para los días 11 y 18, respectivamente, al supuesto conseguidor de la trama Alejandro De Pedro y al cerebro empresarial David Marjaliza, mano derecha del exconsejero Francisco Granados. Estos dos están en prisión incondicional.

Fuentes jurídicas señalaron que la citación de De Pedro responde a los nuevos indicios conocidos sobre la justificación de determinados contratos con administraciones públicas y supuestos pagos a la empresa Indra. En el caso de Marjaliza, por el blanqueo de dinero en Singapur y la compra de obras de arte en Suiza.